En medio de la crisis humanitaria que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense, el hasta ahora procurador Julio Conte Grand derogó una Resolución del 2013 con el objetivo de agilizar los trámites de libertades dispuestas en el marco de prisiones preventivas. Mediante la nueva disposición, el Ministerio Público Fiscal buscará «controlar los tiempos de prisión preventiva», cuya práctica es señalada por diferentes sectores como una de las principales causales de la sobrepoblación carcelaria.
La semana pasada, el cuestionado jefe del Ministerio Público provincial había convocado a los 19 fiscales generales de los Departamentos Judiciales en que está dividida la provincia a una reunión que se realizó en la Procuración. El objetivo del cónclave fue bajar línea para que los fiscales sean más “flexibles” a la hora de tomar medidas de coerción sobre las libertades individuales, como pedir la detención o prisión preventiva.
Es, en rigor, un volantazo judicial, vinculado directamente a la situación crítica que se vive en las cárceles provinciales. La superpoblación en los penales bonaerenses llegó a su punto máximo y preocupa a las autoridades que recién asumieron. Por otra parte, desde hace muchísimo tiempo no se construye una cárcel en la provincia. Léase, la capacidad está ampliamente superada.
LA RESOLUCIÓN COMPLETA DEL PROCURADOR CONTE GRAND:
https://www.primerplanoonline.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Res.-PG-N°-918-19-MPF-s.-prisión-preventiva.pdf
La Resolución de Conte Grand apunta a «permitir que se agilice la concreción de las libertades dispuestas por la autoridad encargada de la persecución penal», y se enmarca en el contexto de la creación de la mesa de diálogo con la que el gobierno de Axel Kicillof busca encontrar una solución a la emergencia penitenciaria.
Lo que se busca es otorgar masivamente regímenes de prisión domiciliaria para los conocidos como delincuentes de poca monta, por caso, quienes cumplen condenas de hasta cuatro años de prisión, como narcos que fueron detenidos con hasta un kilo de estupefacientes o quienes cometieron delitos de género (no femicidas), léase, amenazas y lesiones. De todos modos, previamente “se debe verificar la existencia de impedimentos legales a través de los instrumentos disponibles”, se aclara en el texto.
En ese sentido, Conte Grand también instruyó a los fiscales a que «que procedan a la reevaluación de las medidas de coerción cuando las condiciones de alojamiento puedan importar un trato cruel, inhumano o degradante, como asimismo a la utilización de todas las modalidades que prevé la ley en materia de morigeración de la prisión preventiva».
Por otro lado, pidió que se «extremen todos los medios posibles destinados a controlar los tiempos de prisión preventiva en relación con la marcha de los procesos con el objeto de requerir a los órganos jurisdiccionales las medidas necesarias para resolver en tiempo oportuno la situación de las personas privadas preventivamente de la libertad».
Mañana viernes, jueces penales y miembros de tribunales orales en lo criminal de la provincia se reunirán en La Plata tras una convocatoria que realizó el titular de la Suprema Corte bonaerense para abordar esta problemática.
