Mediante una carta abierta dirigida a los legisladores de la Nación, los presidentes de 20 colegios departamentales que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires -presidido por Bienvenido Rodríguez Basalo- cuestionaron las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Javier Milei mediante el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y la Ley Ómnibus.
En la misiva, los abogados cuestionaron el uso recurrente y la validez constitucional de la ley 26.122, que consideran una “deformación de la cláusula constitucional”. Esta postura va en sintonía con el análisis de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA), quienes concluyeron que el mismo «no cumple con los requisitos constitucionales necesarios, invadiendo competencias legislativas y afectando derechos fundamentales».
En ese marco, criticaron el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, destacando que «introduce modificaciones sustanciales en diversas áreas legales, como relaciones civiles, comerciales, laborales, género y diversidad, legislación penal, administrativa y electoral», y señalan que hay reformas que consideran «inconvenientes, impracticables o con posibles repercusiones constitucionales».
A su vez, los firmantes solicitaron a los legisladores que consideren sus opiniones al evaluar la viabilidad de las reformas propuestas, destacando la inconveniencia de su implementación intempestiva. Además, pidieron una valoración detallada de las reformas, algunas de las cuales, afirmaron, podrían entrar en conflicto con principios constitucionales y convencionales y la transversalidad de determinadas temáticas que han llevado a la elaboración de este documento.
La posición de los abogados contra la Ley Ómnibus
Los abogados firmantes de la carta abierta sostienen que son dos los temas relacionados a su actividad profesional los que más los preocupa: divorcios administrativos y procesos sucesorios no contenciosos.
Específicamente, el proyecto de ley busca introducir el divorcio administrativo en Argentina, permitiendo que los cónyuges disuelvan su matrimonio mediante una presentación conjunta ante un órgano administrativo. La carta abierta destaca la oposición a esta propuesta, argumentando que la figura del abogado es crucial en situaciones de divorcio para garantizar asesoramiento y protección de derechos.
En cuanto al segundo tema, los abogados critican a la técnica legislativa del proyecto, cuestionando la opción de permitir este tipo de sucesión en casos sin controversia entre los herederos y cuando todos son capaces. Se argumenta que el proyecto podría generar conflictos y que ya existe una regulación procesal suficiente en los códigos de procedimientos.
Además, se criticaron aspectos específicos del proyecto, como los requisitos y aranceles notariales, sugiriendo que la intervención judicial brinda mayor seguridad jurídica. Se concluye mencionando la importancia de considerar la realidad política en la discusión del proyecto.
En conclusión, los profesionales remarcan la “importancia de evitar modificaciones apresuradas y sin la necesaria fundamentación”, y advierten “posibles retrocesos en materia de género, diversidad y salud mental”, señalando que ciertas propuestas podrían violar el sistema constitucional-convencional.