La Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado contra la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de otorgar un bono extra a trabajadores estatales y dejar afuera a funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, sector cuyos salarios, aseguran, “se encuentran entre los más bajos a nivel país”.
“Más allá de la cuestión económica, (no recibir un bono) implica claramente negar al menos un reconocimiento a los actores que nunca dudaron de continuar prestando a todo evento y en la delicada incertidumbre en que se vivió, el servicio de justicia, manteniendo incólume las guardias y turnos en pos de proponer a la sociedad una respuesta ante el delito”, expresaron desde la entidad.
La flamante agrupación, que nuclea a funcionarios y funcionarias judiciales que tienen a su cargo el desarrollo de las investigaciones en territorio bonaerense, cuestionó también la política salarial del Poder Ejecutivo provincial, que afirman “se sigue mostrando direccionada a hacer claras diferencias en desmedro de los Magistrados y sin considerar en modo alguno los fallos judiciales”. De paso, critican a otros nucleamientos similares por su “silencio”. “Hacemos saber que continuaremos alentando y exigiendo la independencia política del poder judicial a través de su autarquía financiera”, concluyeron.
EL COMUNICADO COMPLETO
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La Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires desea aplaudir el otorgamiento de un Bono Extraordinario a los empleados y funcionarios judiciales -niveles 8 a 19.5- de 20.000 pesos, al igual que al resto de los empleados estatales, ello en virtud a que como es sabido, por público y notorio, los salarios del Poder Judicial de nuestra provincia se encuentran entre los más bajos a nivel país, pese a tratarse de la provincia con más habitantes y de mayor conflictiva nacional.
En ese sentido, mas allá de la bienvenida a dicha gratitud, debemos manifestar el profundo malestar y preocupación que genera que dicho reconocimiento del Poder Ejecutivo Provincial no haya incluido a los magistrados provinciales, en particular a los Agentes Fiscales, que junto a los funcionarios del MPF fueron el pilar y sostén del sistema judicial penal, realizando desde los albores de la Pandemia, labores presenciales durante el período del ASPO, poniéndose en riego ellos como sus grupos familiares en pos de mantener la persecución del delito, máxime cuando dicha empresa debió realizarse sin contar ni ser provistos de recursos idóneos para enfrentar la situación, y sin olvidar que posteriormente fuimos desconsiderados al momento de priorizar la campaña de vacunación.
Más allá de la cuestión económica, lo señalado implica claramente negar al menos un reconocimiento a los actores que nunca dudaron de continuar prestando a todo evento y en la delicada incertidumbre en que se vivió, el servicio de justicia, manteniendo incólume las guardias y turnos en pos de proponer a la sociedad una respuesta ante el delito.
Ese orden, entendemos que la política salarial del Poder Ejecutivo Provincial se sigue mostrando direccionada a hacer claras diferencias en desmedro de los Magistrados y sin considerar en modo alguno los fallos judiciales, por lo que desde esta Asociación, ante el silencio de otras agrupaciones de similar entidad, hacemos saber que continuaremos alentando y exigiendo la independencia política del poder judicial a través de su autarquía financiera.
