“Estamos escrachando la casa del asesino. Queremos que todo el mundo sepa que acá fue enviado un femicida por decisión de la justicia, que volvió a matar a mi hermana”.
Virginia Juncos, erigida como vocera de la familia de la joven asesinada de once puñaladas en una vivienda de Isidro Casanova en septiembre de 2020, encabeza en estos momentos una manifestación en las puertas de la casa en donde se encuentra alojado Ramón Hermes Acuña, el asesino de María Dolores, declarado inimputable por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de La Matanza.
En rigor, y como informó Primer Plano Online en exclusiva, el sujeto fue absuelto por el femicidio a raíz del diagnóstico realizado por peritos de la Procuración bonaerense, quienes consideraron que no comprendió la criminalidad de sus actos por “alteraciones morbosas de sus facultades mentales”.
Asimismo, los especialistas descartaron que el asesino haya obrado “con voluntad ni libertad de conciencia, dado que su accionar estuvo condicionado por síndrome delirante celotípico montado en personalidad premorbida de tipo narcista”. Por ese motivo recomendaron su internación en alguna institución neuropsiquiátrica como medida de seguridad para que realice tratamiento “hasta que ceda la actividad delirante autoagresiva”.
Sin embargo, los jueces Alfredo Pedro Drocchi, Matías Jorge Rouco y la jueza Andrea Giselle Schiebeler sobreseyeron a Acuña “por resultar inimputable en la comisión del delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja existente con la víctima y por haberse perpetrado contra una mujer por un hombre, mediando violencia de género”. Y lo mandaron a su casa debido a que una recomendación hecha por el Servicio Penitenciario determinó que no es peligroso para él ni para terceras personas.
En el fallo, también dejaron sin efecto el debate que estaba previsto para el próximo 30 de marzo y dispusieron que el femicida sea trasladado a la casa en la que cometió el crimen, debido a que “cuenta con una red primaria de contención que le permitirá un acompañamiento y supervisión cotidiana”, que estará a cargo del Juzgado de Familia que quede a cargo, siempre en el marco de la Ley de Salud Mental 26.657, según lo indica el protocolo de actuación para supuestos de personas incapaces de culpabilidad en conflicto con la ley penal.
Al grito de “justicia” y “acá vive un asesino”, familiares de María Dolores, como sus tres hijos, amigas y representantes de organizaciones sociales se manifiestan sobre la calle Fournier al 1000, en el barrio San Alberto, de Casanova. Las puertas y ventanas de la vivienda están cerradas y la Policía mantiene una guardia a metros del lugar para evitar incidentes. Hay carteles con el rostro de la víctima, con leyendas recordatorias y pintadas con la sentencia “asesino”, en alusión a Acuña.
Mientras, la familia Juncos espera la suerte que correrá la apelación que presentará el fiscal Carlos Luppino, quien según pudo saber este medio no pondrá en discusión la inimputabilidad ni el sobreseimiento de Acuña sino la libertad y su alojamiento en la vivienda en la que cometió el crimen. En rigor, que el tribunal considere el informe de la Procuración, que recomendó su institucionalización.
