Valeria Cabrera es la propietaria de una casa quinta ubicada sobre la calle Carriego, entre Costa Rica y Panamá, en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Su papá, Roberto José Cabrera, falleció a finales de marzo, justo cuando se iniciaron las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Desde entonces a la familia, que vive en el sur del conurbano, se le complicó ir a la casa. Por un lado, a causa del duelo; por el otro, la cuarentena.
Pero a principios de abril, la mujer recibió un llamado telefónico que le agregó dramatismo al dolor familiar. “Me llamó un vecino de la quinta para preguntar si nosotros habíamos vendido o habilitado que gente ingrese a la casa. Obviamente dijimos que no y ahí empezó todo”, describió Cabrera. ¿Qué había pasado? Efectivamente, sin mediar palabra, entre cinco y seis personas llegaron un día, rompieron el candado de ingreso y se metieron. La alarma de la empresa ADT, empresa que tenían contratada, nunca sonó y nadie explicó por qué.
“Cuando nos enteramos, la esposa de mi papá se presentó en el lugar con la Policía para saber qué estaba pasando. Ahí salió esa gente y mostró un boleto de compra y venta. Entonces, los efectivos le sugirieron que vaya a hacer la denuncia”, contó Valeria. Pero, desde entonces, la familia Cabrera nunca más pudo volver a su quinta, que está usurpada y encima parcelada.
Sí: los ocupas subdividieron el terreno y metieron a más personas a vivir allí, ante la preocupación vecinal, que se queja de la situación en medio de la cuadra. El caso está judicializado: a Valeria le tomaron declaración y también al resto de su familia. Ellos presentaron la escritura original de la compra del predio, pero todavía no hay ninguna resolución. Es más: hace pocos días los vecinos vieron cómo los ocupantes ingresaban una casilla. “Vendieron la tierra”, sospechan en la cuadra.
