Por decisión unánime, la sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada especialmente en la ocasión por los jueces Alfredo Hernán Mones Ruiz, Guillermo Federico Petersen y Pablo Hernán Soumoulou, confirmó la condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso contra el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.
La decisión del tribunal de alzada, que tampoco deja firme la sentencia porque aún queda como instancia de revisión la Suprema Corte de Justicia provincial (no Casación, que no interviene en tema de índole correccional) ratificó el fallo del juez de Mar del Plata Jorge Rodríguez, que condenó a Gustavo Adolfo Menéndez y a Enrique Daniel De Luca, como coautores penalmente responsables del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
En base a aquella sentencia dictada a finales de 2018, el actual intendente de Merlo y De Luca, “abusando del poder jerárquico que ostentaban pese a que no tenían la custodia formal de los fondos resguardados en el Casino Central de Mar del Plata, retiraron en forma reiterada de manera ilegítima e indebida dinero en efectivo del tesoro de la referida casa de juegos, ascendiendo el monto de estas extracciones a la suma de seiscientos mil pesos” de aquella época, año 2006. El caso trascendió en la escena pública como ‘Mochila Verde’, por el lugar en el que fue sacado el dinero.
Ahora, lo que ratificó el fallo de cámara es que el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública (artículos 174, inciso 5°, en función del 173 inciso 7° del Código Penal), debe considerarse conjuntamente con el monto del perjuicio ocasionado a ese tiempo (seiscientos mil pesos del año 2007). “Ambos imputados (Menéndez y De Luca) revestían las calidades requeridas para ser sujetos activos del delito, puesto que habían sido investidos por sendos actos administrativos de la autoridad pública, si bien no del manejo, sí del cuidado y custodia de los fondos correspondientes”. Es decir, era su responsabilidad lo que pasara con esa plata que retiraron del casino en una mochila.
“Menéndez es considerado sujeto activo del delito imputado”, proclamó la justicia, mientras que De Luca “tenía pleno conocimiento del alcance de sus actos, no sólo por tratarse de un funcionario de carrera que alcanzó uno de los cargos más altos dentro de la estructura del Casino, sino también por haber participado en la maniobra tendiente a ocultar el faltante de fondos, trasladando dinero del Casino del Mar al Casino Central”. Esa sola circunstancia “es prueba categórica” de la acción.
“Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación también para el coimputado Menéndez. Su cargo de director del Casino, sumado a su condición de abogado, descartan la posibilidad de incomprensión de su status de garante y de que no haya percibido que estaba actuando en infracción de los deberes a su cargo”, enfatizaron los camaristas.
“El hecho de que el cargo ejercido por Menéndez (en aquel tiempo) pueda ser rotulado como político no lo exime de los alcances de la aplicación de la ley citada, pues en el artículo 109 de la normativa citada se establece que el personal sin estabilidad quedara comprendido en el régimen de licencias, deberes y prohibiciones, régimen disciplinario y derechos, con excepción de aquellos específicamente referidos a la situación de estabilidad”, agregaron los magistrados, en coincidencia con la sentencia de primera instancia. “Lo señalado coloca a Menéndez en el rol de sujeto activo del delito imputado”, concluyeron.
Más allá del impacto político de la noticia, el fallo todavía no está firme y queda una instancia más de apelación a nivel provincial, que es directamente en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el máximo tribunal suele aceptar el tratamiento de este tipo de cuestiones cuando lo que se cuestiona son cuestiones de formas y procedimiento, cosa que no parece ser el caso.
Recién allí se podrá hablar de sentencia definitiva que quedará como un antecedente para Menéndez, y que le impedirá ejercer cargos públicos a futuro. Además, la ley de límite a la reelección de mandatos también es un obstáculo para que pueda seguir siendo intendente en 2023.
