Después del escándalo que se desató en la madrugada del martes pasado cuando empezaron a viralizarse las imágenes de un recital de la banda Damas Gratis en el boliche Pinar de Rocha llegó una catarata de intervenciones estatales en cadena.
Primero, la clausura del predio; después, la suspensión de la habilitación por 30 días para funcionar; por último, la denuncia penal presentada por el Municipio de Morón ante la Justicia Federal acusando a los responsables de la firma que administra el local bailable por atentar contra la salud pública por haber reunido gran cantidad de personas sin protocolos en medio de una pandemia.
La demanda es contra quienes figuran como titulares de la sociedad Vaprisana S.A., Carlos Gustavo Ferreyra y Daniel Rodolfo Roldán, quienes administran el boliche y explotan los rubros bar, restaurant, confitería bailable clase A, y salón de fiestas, entre otras. “Entendemos que los hechos denunciados perjudican directamente al conjunto de la comunidad”, se argumenta en la presentación realizada ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
Incluso autoridades municipales dejaron entrever conceptos vinculados a la búsqueda de una solución definitiva a lo que llaman “el problema Pinar”. Se refieren a la concatenación de hechos violentos vinculados a la actividad del lugar, de donde se desprenden peleas adentro y afuera, y graves agresiones como personas apuñaladas y hasta asesinadas a balazos, como se conoció en los últimos dos años.
Hoy firmé un decreto que dispone la suspensión preventiva por 30 días de la habilitación de la firma Vaprisana SA. pic.twitter.com/TV53aVVWIP
— Moron2027 (@Moron2027) April 6, 2021
A raíz de la denuncia penal, el juez federal Jorge Rodríguez ordenó un allanamiento de urgencia en el boliche. Allí se presentaron auxiliares de la Secretaría Nº 5 del juzgado junto a efectivos policiales para conseguir información que pudiera dar cuenta del descontrol que se vivió aquella noche. Y el resultado fue “sorprendente”, según definió una fuente judicial consultada por Primer Plano Online.
“La idea era secuestrar alguna documentación o las filmaciones de esa noche, pero no había nada. No se pudo incautar ningún elemento de interés para determinar la cantidad de aforo que hubo, por ejemplo”, precisó el vocero. Es decir, en pocas horas desde el final del recital hasta que inspectores del Municipio se presentaron para pegar la faja de clausura, toda la evidencia reunida de esa noche desapareció.
De todos modos, la causa continúa y habrá que ver cuál es el destino del boliche. Por lo pronto, durante todo abril no podrá abrir sus puertas a raíz de la suspensión de su habilitación. Después de cumplido el plazo habrá que ver qué decisión toman las autoridades locales, y cuál es el devenir de la investigación penal.