Graciela Julia Angriman, la jueza que resolvió uno de los tantos casos abiertos en la justicia de Morón por el delito de intimidación pública (luego de la enorme cantidad de amenazas de bomba que hubo en escuelas de la región oeste), es una de esas funcionarias judiciales que no tiene problemas en explicar sus decisiones a la comunidad. En este caso a través de un medio como Primer Plano Online, con el que aceptó conversar vía telefónica para exponer el objetivo que buscó al resolver, por una vía alternativa a la estrictamente penal, un delito que generó una fuerte conmoción y trastorno cuando se cometió.
En rigor, la magistrada terminó de ponerle la firma a una resolución que se gestó entre el imputado, cuya identidad no trascendió, la fiscal Daniela Barrozo (“ha investigado denodadamente todos estos episodios”, valoró la jueza) y los abogados del Municipio de Morón. Había dos caminos: o ir a una pena de prisión en suspenso, por carecer de antecedentes el acusado pero que en su legajo queda como una sentencia en su contra, o buscar una vía alternativa que le permita remediar el daño causado. Y eso fue lo que se consiguió.
“El espíritu es buscar alternativas al proceso penal y a la prisión para delitos que tienen penas menores, como es el de intimidación pública por el cual está imputada esta persona, y hallar soluciones eficientes, es decir, que tengan una utilidad social”, describió la jueza en diálogo con Primer Plano Online.
AUDIO: EL TESTIMONIO DE LA JUEZA GRACIELA JULIA ANGRIMAN
Luego, se metió de lleno en lo que fue el fallo. “La suspensión del proceso a prueba es la suspensión del trámite del proceso bajo condiciones de prueba. Esta persona queda, por dos años, suspendida en el proceso en la medida que cumpla las siguientes condiciones: pagar 60 mil pesos que van destinados al Municipio de Morón en concepto de reparación del daño causado, dado que está imputado por haber hecho dos llamadas intimidatorias que generaron alarma”, indicó.
Y ahondó: “Además, realizar en ese lapso (dos años) trabajo comunitario a favor de un merendero por dos horas semanales, con todo lo que eso implica, pero es una forma de compensar socialmente lo causado. Y además tiene que donar, a favor del Estado, el aparato celular que está secuestrado en el proceso y es uno de los modelos de más alta gama, y no cometer ningún tipo de delito”.
El monto fue fijado según las estimaciones hechas por el Municipio en base los operativos que debió montar para las respectivas evacuaciones y la Fiscalía, y guarda proporción con la capacidad de pago del acusado, que es un joven que estudia y trabaja. Lo pagará en seis cuotas mensuales y consecutivas, abonando cada cuota del primero al diez de cada mes, comenzando en el mes de marzo del año en curso. “Una pena en suspenso es menos restrictiva que este tipo de salidas, que son mucho más eficaces porque tienen además utilidad social”, valoró Angriman.
“Si cumple, se cierra el proceso y, eventualmente, se extingue la acción penal. Si él no cumple, todo se revoca, va a juicio para que, eventualmente, pueda sufrir una condena”, expresó la magistrada, quien no logró explicar, porque tampoco surgió de la investigación, por qué motivo el muchacho realizó las amenazas. “Es la pregunta del millón”, respondió la jueza cuando Primer Plano Online la indagó sobre el móvil. Es que el imputado se amparó en el derecho a no declarar en su contra y ejerció el silencio como defensa. Léase, no ha sido posible dilucidar si hubo otra motivación por fuera de un comportamiento individual.
