El pasado 10 de enero, poco antes de las 19, se presentaron dos sujetos a bordo de un VW Bora gris en un supermercado ubicado en Castelar (su dirección exacta no se publica para no exponer a las víctimas). Allí ambos dejaron una nota intimidante a los propietarios del comercio, que decía, textual: “DUEÑO ESTE NEGOCIO ERA SOCIO DE … (nombre que se publica para proteger identidades). QUERÍA SABER USTEDES QUIEREN DE NUEVO CON NOSOTROS”.
Obligaban, de ese modo, a los dueños del local a pagar dinero para recibir protección por parte de un grupo mafioso que opera en las sombras para controlar a los supermercados de origen asiático instalados en la región oeste. Después de esa velada amenaza, el 21 del mismo mes, otra vez el mismo rodado se presentó en el negocio y el hombre que había dejado la nota pasó a cobrar: exigía 500 dólares a depositar en una cuenta de Mercado Pago.
Dos días más tarde, el propietario del comercio recibió un mensaje de WhatsApp con un número de CBU para realizar una transferencia bancaria. La cuenta estaba a nombre de una mujer, y las víctimas de la extorsión decidieron transferir el dinero, pero en pesos argentinos y en una cifra infinitamente menor a la planteada. Por eso, al día siguiente de la operación, ya en 24 de enero, otra vez el amenazante integrante de la organización se presentó en el local, pero ya con otras ínfulas.
Con pocas palabras, el atacante reclamó el resto del dinero y los dueños del comercio entregaron 50 mil pesos en efectivo, lo que tenían en ese momento. Y les aclararon que quedaba pendiente el resto el dinero exigido, pero a cambio recibieron un cartel rectangular blanco con el dibujo de una silueta mitológica china que mezcla un dragón con un león. Es una criatura denominada “Pixiu” en la cultura oriental, mediante la cual le indicaron que, si la pegaban en el frente del local, eso iba a representar protección.

Tres días más tarde, ya en 27 de enero, las víctimas recibieron otro WhatsApp a un celular que fue dejado por el atacante con el número de una tarjeta para que depositen el resto del dinero que restaba en la cuenta de otra mujer, cosa que hicieron por el pánico que les provocó la situación. Así dejaron de extorsionar a la pareja de comerciantes. Esa metodología se repite en cientos de comercios del rubro: actualmente han quedado en trámite 69 expedientes en el Departamento Judicial Morón, porque las demás causas se fueron cerrando.
“Hay una barrera cultural e idiomática que complejiza muchísimo la investigación de estos hechos. Además, es muy poca colaboración la que brindan las víctimas. Pero pudimos hacer cotejo de cámaras de seguridad, obtener información de empresas de rastreo, de las cuentas a donde se debía depositar el dinero exigido y los abonados telefónicos. Un trabajo casi artesanal”, describió una fuente judicial vinculada al expediente.
Como resultado de la pesquisa se determinó que cuatro fueron las personas participaron de la organización del hecho, y todas están detenidas: los dos varones que actuaron siempre en el mismo auto y las dos mujeres destinatarias del dinero con sus cuentas bancarias. La figura que les imputa la justicia es la de extorsión, y tiene a Wao Yongqiang, Chen Tang Ming Liang (los dos sujetos del Bora), a Jiang Xinyi y Peng Honmei (las responsables de las cuentas). Hay un prófugo en la causa: la mayoría de las acusaciones son a ciudadanos y ciudadanas que provienen de la provincia china de Fujian, con lo cual la colaboración de Migraciones es vital.
Las órdenes para la realización de 23 allanamientos simultáneos, realizados por personal especializado de la Policía Federal, las dio el Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón, a cargo de la jueza María Laura Pinto, luego de la solicitud presentada por la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI Nº 8 de ese Departamento Judicial, dependencia que concentra todas las denuncias vinculadas con el accionar de la mafia china en la región oeste. Martín Schebes, ayudante fiscal, es otro de los pilares de la investigación.
Durante los procedimientos se secuestraron una importante cantidad de carteles que colocaban en las marquesinas de los comercios “asociados” a la mafia; 28 teléfonos celulares; 17 chips; tres memorias micro SD; dos pendrives; gran cantidad de municiones (calibres 9mm, 7,65mm y .22); once tarjetas bancarias; siete cuadernos con anotaciones de interés para la causa; tres agendas; una pistola calibre .22; un revólver 357 Magnum; una granada de mano y el rodado utilizado para las maniobras ilícitas.