Martín Muñoz acaba de recuperar su libertad luego de pasar trece años en la cárcel imputado de varios delitos que no cometió. El más grave de todos, por el que le habían dado perpetua, fue el asesinato de un comerciante, Juan Carlos Miranda.
Aquel hecho fue atroz. La víctima, el dueño de un mercadito del barrio ubicado en Marcos del Bueno y Perú, en el barrio Las Catonas de Moreno, ultimado de seis balazos. La crónica policial de época cuenta que, si bien no se resistió inicialmente, el hombre no soportó ver cómo uno de los tres delincuentes le puso el revólver en la cabeza a su nieta para obligarlo a entregar la recaudación del día. Miranda no soportó la escena, intentó tirarse sobre el ladrón y fue ejecutado.
A Muñoz también lo acusaron inicialmente de cometer cuatro entraderas en viviendas de la localidad de Francisco Álvarez y del asalto a una escribanía del centro de ese distrito. Lo detuvieron con pistas falsas. Según le contó a Primer Plano Online, “la Policía me plantó armas, precintos, guantes, capuchas, todo lo indispensable para hacerme quedar como parte de la banda”. Ese fue el comienzo de un recorrido que será difícil de olvidar: desde aquel momento la justicia decidió que el hombre era parte de la ‘Banda de los Encapuchados’ que atemorizó a la región oeste allá por 2008.
El muchacho siempre abogó por su inocencia. Es que, entre otros argumentos a su favor, había un elemento fácilmente constatable. El 10 de junio de aquel año, dos horas antes de la primera entradera que le adjudicaron, tuvo junto a un amigo un siniestro vial mientras viajaban en moto. Ambos quedaron internados en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, y ese fue el inicio de una recuperación que le demandó más de tres meses.
“Al poco tiempo de ser detenido logramos obtener los registros de internación del hospital y presentarlos en la causa. A la fiscalía se le empezaban a caer varias de las imputaciones”, detalló en diálogo telefónico con este medio. Recordó también que la investigación del asesinato de Miranda estuvo a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, y que por los robos a viviendas la causa estuvo en manos de Federico Luppi.
A las cinco personas que llevaron a juicio por las entraderas las absolvieron a todas. Es decir, por el beneficio de la duda, ninguna de ellas terminó condenada por esos múltiples robos. Pero a Muñoz lo condenaron a perpetua por el crimen de Miranda: homicidio criminis causa fue la imputación por la que pasó los trece años en distintos penales.
Pero la sentencia que recayó sobre él también fue polémica, porque uno de los confesos integrantes de esa organización criminal reconoció que participó del hecho y lo desligó por completo. El veredicto fue condenatorio y el sentenciado nunca resignó su inocencia. Luchó hasta que en 2015 le modificaron el fallo, también en el Tribunal de Casación bonaerense: pasó de ser un criminis causa a ser un homicidio en ocasión de robo, y el monto de la pena se redujo a 21 años.
A principios de marzo, Muñoz recibió una primera buena noticia. Casación volvió a tomar el recurso presentado tras una orden de la Suprema Corte de Justicia. Y una sala conformada especialmente para resolver el caso, integrada por el juez Mario Eduardo Kohan y la jueza María Florencia Budiño, decidieron absolverlo y dispusieron su “inmediata libertad”.
Martín tiene 42 años y tuvo que rehacer su vida por completo. Perdió a su mujer de entonces, de la que se separó, aunque logró preservar el vínculo con su hijo de 24, su hija de 21 y la más chica de 11. Además, volvió a hacer pareja en la cárcel. La vida le dio una oportunidad: estando tras las rejas terminó la secundaria, luego se recibió de Procurador, después de Abogado y ahora como Escribano Público. Espera por tramitar sus respectivas matrículas a principios de abril para empezar a ejercer.
“Creo que se debe resguardar y garantizar la dignidad de las personas y terminar con tanta violencia institucional, lo que incluye el armado de causas”, reflexionó Muñoz para cerrar la charla y agradecer el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal, de la ONG Innocent Project Argentina y de la Comisión Provincial por la Memoria que se involucraron en el expediente para clamar su libertad.
