El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, intimó a gremios y agrupaciones políticas que se movilizaron el pasado diciembre en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al DNU 70/2023 para que abonen cerca de $60 millones en concepto de «gastos ocasionados» al Estado por «la interrupción total o parcial del tránsito vehicular» durante sus protestas.
En el caso de la jornada de ollas populares del 22 de diciembre pasado como parte de una movida en todo el país en rechazo al mega decreto, la carta documento intima a ATE, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), a abonar la suma de $56.760.282,58 en el saldo de diez días hábiles de la recepción de la notificación.
Según expresa el escrito, la intimación busca cubrir “los costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público” y cierra: “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
La carta documento lleva la afirma de Martín Siracusa, funcionario a cargo de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La referente de Libres del Sur y excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Silvia Saravia, fue una de las dirigentes que salió al cruce del gobierno nacional luego que la fuerza política que representa fuera intimada: «El gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social, antes que resolver los problemas de la gente», manifestó.
Saravia planteó que «la Jornada Nacional realizada en la plazoleta del Obelisco el 22 de diciembre pasado denunciaba la interrupción total de la asistencia alimentaria por parte de la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello, en un marco de emergencia social y económica donde el deterioro de las condiciones de vida de la población se acelera de forma abrupta.»
«En ese contexto la ministra hizo un spot amenazante hacia quienes reclamábamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestión como funcionaria pública hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable», denunció.
«La única respuesta al día de hoy es del Ministerio de Seguridad, con una sanción económica por protestar, aún sin haber cortado calles. Una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales», concluyó.
