Un centenar de policías fue reconocido el viernes pasado en el polideportivo Gorki Grana, de Castelar, por destacados actos de servicio en pos de velar por el cumplimiento de la ley y la paz social. Entre ellos y ellas hay agentes que se tirotearon con bandas de secuestradores que estaban cometiendo una entradera, quienes ayudaron a dar a luz a una parturienta y quienes investigaron casos de fuerte conmoción social para esclarecerlos.
“Un año muy particular para la Policía, más por todo lo que fuimos pasando: venimos de una pandemia, continuamos con ese virus que nos está azotando y más al personal nuestro. Estos 200 años que venimos luchando tanto con la Policía es un honor estar festejando ese bicentenario”, señaló ante la consulta de Primer Plano Online Juan Carlos Galeano, superintendente de Seguridad Región AMBA Oeste. En otras palabras, es la máxima autoridad policial en la zona y uno de los hombres de mayor confianza de Daniel García, jefe de la estructura.
En una charla al término del acto, este medio lo indagó sobre por dónde pasan los desafíos de la fuerza hoy en día. Su respuesta introdujo un concepto complejo: vocación. “El desafío es la vocación. Es insertar a todo el personal la vocación y la responsabilidad de sentirse parte de la ciudadanía. Estamos tratando de llegar a todos y cada uno para que sea parte de su lugar, trabaje y viva en el lugar donde trabaja”, expresó. Eso, afirma, es su trabajo, en rigor el de los jefes: “que el personal sienta esa vocación de servicio”.
La complejidad del concepto pasa por simplemente evaluar la imagen social que la fuerza tiene. Es uno de los objetivos que se propuso revertir el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al asumir el cargo. El funcionario hablaba en su momento de apenas un ocho por ciento (8%) de imagen positiva que tenía la Policía en la ciudadanía. Desde aquella frase hasta hoy hubo varios hechos que sacudieron el tablero: no sólo de inseguridad, sino la rebelión del año pasado con móviles rodeando la Quinta Presidencial de Olivos en reclamo de mejores condiciones de empleo.
Y los múltiples casos de gatillo fácil conocidos. Quizá los más graves, por ser irreversibles, son los de Lucas Verón, en La Matanza, y Luciano Olivera, en Miramar, ambos asesinados por balas policiales. Pero también otros como el de Tomás Agustín Ramos, a quien una posta le reventó el pene a la salida del boliche Jesse James hace un par de semanas, o el de Esteban Daniel López (25), quien volvía de trabajar en su moto en la que iba junto con un amigo hacia la casa de su suegro y una posta de goma policial le pegó en el ojo, lo que le hizo perder la vista. Por ese hecho hay dos efectivos del Comando de Patrullas de La Matanza detenidos.
Consultado por ese tipo de hechos de violencia institucional, Galeano reflexionó que “son hechos aislados, donde cada uno tiene un tratamiento diferente”. “Analizándolos, pertenecen netamente a la persona que realizó el mal proceder”, subrayó. Es decir, se infiere de su respuesta que son actos que refieren a la individualidad y no hay una orden de salir a disparar. Mirada similar a la expresada por Berni cuando fue consultado por el caso de Miramar y afirmó que el policía involucrado “hizo todo mal”.
Al respecto, hoy se conoció a través del sitio Infobae un relevamiento de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que depende del Ministerio de Seguridad, que reveló que el 65% de los numerarios con sumarios abiertos tienen diez años de antigüedad en la fuerza. Es un cambio de paradigma en comparación a lo que ocurría en las décadas del 80′ y 90′, cuando la mayor cantidad de policías investigados por haber cometido algún tipo de delito eran subcomisarios y comisarios, es decir, con el doble de años de servicio.
Los datos discriminados de esos sumarios indican que el 55% se debió a hechos de corrupción, desde sobornos hasta connivencia con narcotraficantes y bandas delictivas; 14% a violencia policial y exceso en los medios empleados; más del 10 % están imputados por violencia de género; una cantidad similar por irregularidades graves funcionales en dependencias y, entre otros delitos, el 6% están acusados por presunto enriquecimiento ilícito.
Velar por el cumplimiento de la ley y por la paz social son los objetivos que quedaron en claro en este acto son misiones de la Policía. «¿Ve una fuerza comprometida con eso?”, lo consultó Primer Plano Online a Galeano. “Si. Se está yendo en esa dirección y estamos velando para eso”, concluyó el superintendente.
