Elaboran un proyecto de ley para aumentar las penas por robar celulares. La sustracción de ese tipo de dispositivos representa el 27% del total de robos que se cometen en la Argentina, y tanto el transporte como la vía pública son dos de los lugares predilectos por los ladrones para cometer sus atracos.
La iniciativa está siendo trabajada por el equipo de la diputada nacional Lilia Lemoine, en particular por dos de sus colaboradores más cercanos, que son Hugo Equiza, excandidato a la intendencia de Ituzaingó y referente de La Libertad Avanza en ese distrito, y Luciano Elías García Maañón.
Los robos de celulares aumentaron considerablemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos años. Un informe de BTR Consulting, una compañía especializada en consultoría de ciberseguridad y riesgo tecnológico, la cantidad de dispositivos que se sustraen asciende a 10.000 por día (o 416 por hora).
“Las denuncias, es decir, lo que está blanqueado, son 8 mil celulares sustraídos por día, por lo que la estimación real es que supera los 10 mil, debido a que hay gente que opta por no denunciar lo que le pasó y da por perdido el dispositivo”, detalló Equiza en conversación con Primer Plano Online.
La trazabilidad económica redunda en un cálculo escalofriante: “son mil millones de dólares que pierden los argentinos en la reposición de los teléfonos”, afirmó el dirigente libertario. ¿Cómo llega a ese número? Si son diez mil dispositivos al día que se roban, a un promedio de 300 dólares por cada equipo, son tres millones de dolares diarios. Eso multiplicado por 365 arroja la friolera cifra.
El caso Morena en Lanús y el compromiso de Patricia Bullrich
El caso que motivó la redacción del texto parlamentario fue el sufrido por Morena Domínguez, la nena de 11 años que iba a la escuela en Lanús y a la que motochorros asesinaron para robarle el teléfono en agosto de 2023.
En el arrebato la chiquita golpeó su cabeza contra el asfalto y se descompensó al llegar al colegio. Fue trasladada en ambulancia rumbo al hospital, pero falleció en el camino a raíz de un paro cardíaco mientras intentaban reanimarla.
No hay discriminación para elegir a las víctimas: los robos los sufren personas de diversas edades y estratos sociales. El agravante que observan Equiza y García Maañón es que en la actualidad el celular no es simplemente un dispositivo de comunicación o entretenimiento, sino que ahí se almacena gran cantidad de información sensible para el día a día.
Por eso la iniciativa contempla un agravamiento de penas. Por ejemplo, que no sea excarcelable debido a que las condenas arranquen en los tres años de prisión y que el hurto, un robo en el que no hay violencia, conlleve sentencias de dos a cuatro años de cárcel.
Entre otras opiniones que están recogiendo está la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: le dejaron el proyecto para que lo estudien sus equipos técnicos. Lo hicieron llegar a través de Silvina Valdevenito, actual directora nacional de Seguridad Ciudadana y exconcejal de Ituzaingó.
“Nosotros vamos en sintonía con la idea del presidente Javier Milei, que es aumentar el costo del delito. Hoy por hoy, robar un celular tiene la misma pena que robar un electrodoméstico, por ejemplo. En cambio, en el caso de los autos, ese delito es agravado. Hacia ahí buscamos girar”, concluyó Equiza.
El ejemplo de Perú: penas de hasta 20 años de cárcel por el robo de celulares
En Perú el Gobierno instrumentó en octubre del año pasado una reforma del Código Penal para “fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de equipos móviles”. En concreto, el robo de equipos celulares o de cualquier aparato de telecomunicaciones o similar será castigado con pena privativa de libertad no menor a 12 años, ni mayor a 20.
Asimismo, la norma indica que, si el robo se comete utilizando material explosivo o se realiza mediante vehículos motorizados, la pena será no menor a 20 años, ni mayor a 30 años. Y alcanza también a quienes considera como cómplices de la cadena delictiva.
Así, la persona que adquiere, recibe en donación, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar o comercializa un dispositivo robado, conociendo que fue adquirido mediante ese mecanismo, “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días-multa e inhabilitación”.
