José Mercado tenía 30 años. Era papá de un varón que actualmente tiene 14 y se ganaba la vida cortando el pasto por su barrio. Vivía en pareja con una joven en Merlo y hacía changas para solventar su casa y la de su mamá, a quien ayudaba con todo lo que podía. “Ponía cercos en las casas, juntaba cascotes en las veredas, hacía trabajos de albañilería: todo lo que era trabajo lo tomaba”, lo recuerda Norma Beatriz Ojeda, su madre.
El 7 de junio de 2019, el muchacho había dejado a su nene con la abuela en la casa familiar de Presidente Ortiz al 3.700, en Castelar sur. Como hacía frío y el chiquito no tenía abrigo, José le pidió a su mamá que lo cuide un rato allí mientras le iba a buscar una campera para poder viajar en moto y no enfermarse. Ese viaje terminó siendo una travesía mortal.
Es que a poco de subirse al rodado vio cómo una patota estaba golpeando a su primo en una esquina del barrio. Bajó de la moto, intentó separar para que termine la violencia y uno de los atacantes sacó un arma y le pegó un tiro en el abdomen. Ese balazo fue letal.
El asesino, luego de un trabajo de investigación policial y judicial, fue arrestado cuatro días después en una casa de la calle Fader al 2.100, en Ituzaingó. El ‘Piqui’ tenía por entonces 17 años y fue juzgado bajo el Régimen Penal Juvenil y condenado a siete años de prisión por el delito de homicidio simple.
Pero más allá del rol de la justicia, hay una familia que quedó frustrada no sólo por la ausencia sino por la falta de contención del Estado en su conjunto. “Yo necesito atención médica, no tengo prácticamente ingresos y el asesino fue llevado a una casa-hogar con todos los beneficios. Mi salud viene en decadencia desde que mataron a mi hijo y ni siquiera cuento con un cardiólogo por los picos de presión que tengo”, reflexionó Norma.
Su reclamo es la voz de cientos de familias que quedan sumidas en la depresión, en la angustia y en el vacío. Madres y padres que enfrentan lo peor que un ser humano pueda atravesar, que es la pérdida de un hijo, y que cuando piden ayuda no encuentran respuestas.
“Nos cierran puertas por todos lados. No entiendo cómo puede ser que nosotros tengamos que salir a gritar para que nos escuchen sin que puedan sentir algo de nuestro dolor para enterarse del infierno que vive una madre a la que le arrancan un hijo”, agregó la mamá de José.
Norma no tiene prácticamente ingresos. Tiene otra hija, de 15 años, cuyo padre le pasa “de vez en cuando” algo de dinero. Al momento del crimen, José estaba en pareja con una chica que actualmente tiene 34 años y continúa sumida en un profundo pozo depresivo, porque el muchacho era su sostén de hogar y se había hecho cargo de la crianza de los hijos de ella.
“Ella está en la calle vendiendo alfajores y tampoco nadie la ayuda, ni le ofrece un trabajo. Y yo ni siquiera le puedo hacer un regalo a mi nieto, porque no tengo con qué. Mientras, el asesino de mi hijo tiene toda la protección que las víctimas ni por asomo recibimos. Ojalá mi reclamo sea escuchado”, concluyó.
