Una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que la revisión estuvo a cargo del director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y del ministro de Salud de la Nación, Mario Russo.
Según detalló, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 personas beneficiarias.
El funcionario calificó ese número como “estratosférico, que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”. Además, en su habitual conferencia de prensa, el vocero mostró imágenes que presuntamente son prueba de las irregularidades en el otorgamiento.
Así, detalló que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”. En tal sentido hizo hincapié que en la imagen se podía observar la cola del animal, y que la pensión fue otorgada con ese insólito documento adjunto.
El particular caso de empleados de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, Adorni describió el caso de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que “tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65 por ciento, o sea, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. En 2023, en tanto, el gasto aproximado en el pago de esos beneficios “fue de 3.400 millones de dólares, más de medio punto del PBI”, manifestó el vocero.
Se estima que un tercio de las pensiones por invalidez fueron mal otorgadas, lo que representaría unos 1.000 millones de dólares de desvío
Adorni también expresó que del total de pensiones otorgadas “hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, algo que es excluyente. Es decir, ese tipo de beneficio está pensado para quienes no pueden valerse por sí mismos.
E insistió en que “hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos”, entre los que enumeró contar con “varios autos” a su nombre, propiedades dentro y fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados.
“Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente. La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”, concluyó.
