Se cumplió el primer aniversario de la Ley Nº 15.520, que actualizó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en territorio bonaerense. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad, tiene como objetivo instar a que se realicen los pagos de la cuota alimentaria y, de esta forma, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según se detalló, desde su implementación la normativa ha generado un incremento significativo en las inscripciones: mientras que en 2021 se registraron solo 1.020 personas como deudores, en 2025 la cifra ascendió a 3.659. Actualmente, el total de personas inscriptas alcanza las 8.510.
Uno de los cambios más importantes introducidos por esta ley es la posibilidad de inscribir a los deudores alimentarios desde el primer incumplimiento de una cuota provisoria. Esto reduce los tiempos de respuesta, ya que se pueden iniciar acciones legales desde la primera desobediencia de la orden judicial de pago.
Antes de esta reforma, la sanción se imponía sólo para las cuotas definitivas (sin contemplar los impagos de las provisorias) y se debían acumular al menos tres incumplimientos sucesivos o alternados. Con este cambio, se fortalecieron las herramientas de quienes reclaman el cumplimiento y se da un claro mensaje de tolerancia cero a los incumplidores.
Desigualdad de género
Los datos también evidencian una marcada desigualdad de género: el 97,43% de las personas registradas son varones. Esta situación se vincula con un problema estructural: según el Informe de Incumplimiento de la Obligación Alimentaria (2022) elaborado por la cartera a cargo de Estela Díaz, en la provincia de Buenos Aires el 66,5% de las mujeres no recibe la cuota alimentaria o la percibe de manera irregular.
El incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema generalizado y recae casi exclusivamente sobre los padres varones, dado que la mayoría de niñas y niños viven con sus madres, quienes quedan a cargo del cuidado y con sus posibilidades de acceder al trabajo es limitada, o incluso a la formación y a crecer en sus carreras. Eso contribuye a la profundización de las brechas laborales por razones de género.
La inscripción en el RDAM implica restricciones concretas: los deudores no pueden, entre otras cosas, renovar la licencia de conducir, solicitar o renovar créditos de la Banca Pública Provincial, abrir cuentas bancarias, habilitar comercios, tampoco pueden inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción y, en caso de acceder a cargos públicos en la Provincia o en los Municipios, se debe dar aviso al Poder Judicial para que embargue lo que corresponda de sus salarios en concepto de deuda alimentaria.
Junto a la Ley Nº 15.513, que modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires para agilizar y simplificar el juicio por alimentos, estas medidas buscan promover la corresponsabilidad en los cuidados, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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