La esposa de Alan Ruiz, el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenido el sábado pasado en su casa de Merlo, es empleada del Municipio de Morón. En rigor, la información no tendría nada de novedoso si no fuera porque su ingreso a la plantilla de trabajadores municipales ocurrió en julio de 2019, poco antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Se trata de Norma Beatriz Malnero, contratada en el séptimo mes del año pasado junto a una gran cantidad de personas. Actualmente trabaja en el gobierno local, en la Dirección de Niñez, con una carga horaria de 30 horas semanales. Es hincha fanática de River Plate, según se muestra junto a su actual pareja, en su perfil de Facebook.
¿Cómo la mujer de un espía llega a incorporarse a un Municipio poco antes de una elección en donde se definía el futuro de la gestión encabezada por entonces por Ramiro Tagliaferro? Es una de las dudas que se abren a raíz de la investigación que está sacando a la luz la cloaca de los servicios de inteligencia en la Argentina. ¿Habrá sido un pago político al exespía por los servicios prestados?
Por lo pronto, ayer se supo que Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, admitió ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sostuvo que fueron acciones que estaban «justificadas legalmente». El detenido declaró varias horas ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien sustancia la causa por las tareas de seguimiento supuestamente ilegales sobre el Instituto Patria durante el gobierno de Macri.
El ex espía, quien fue detenido el último fin de semana y hoy pidió la excarcelación, aseguró además que «no hubo escuchas telefónicas ni filmaciones» e insistió con su creencia sobre la legalidad de los operativos. Imputado por presunta violación de la ley de inteligencia y falsedad de documentos públicos, Ruiz «negó haber hecho tareas ilegales y afirmó que estaban justificadas legalmente».
El exespía indicó que «efectivamente” participó de los operativos en torno a esos dos domicilios, pero dijo que fueron en un marco de legalidad “porque estaban sindicados como lugares de posibles atentados».
