La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el empresario Leandro Camani, quien dio cuenta ante la justicia de Morón de la proliferación de anuncios publicitarios en redes sociales de gestorías que resolvían multas de tránsito ante Municipios del territorio bonaerense.
El demandante es presidente de la firma ‘Secutrans S.A.’, dedicada a servicios de ingeniería de tránsito. Ni más ni menos que las cámaras que registran fotomultas. Según estimó, tanto la compañía como el Gobierno provincial y las administraciones municipales eran víctimas de un “serio y grave perjuicio” económico.
“Vengo a interponer denuncia formal contra un grupo criminal dedicado a acceder de manera sistemática y en forma indebida al Sistema de Administración de Infracciones de Tránsito (SACIT) con el objeto de ofrecer a terceras personas la quita de multas que se registren en ese soporte”, puede leerse en la presentación a la que tuvo acceso Primer Plano Online.
El grupo denunciado, según el escrito, ha logrado “apoderarse de manera indebida de exorbitantes sumas dinerarias que legalmente corresponden a Secutrans, al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a diversos Municipios en donde la empresa instaló los dispositivos electrónicos para garantizar la seguridad vial”.
Los roles de cada uno de los eslabones de la estructura
La organización tiene diversas estructuras. Por un lado, quienes ofician de facilitadores o gestores, “pieza fundamental del engranaje”, indica la denuncia. Son las personas encargadas de conseguir a clientes que nutren de dinero al resto de los eslabones. Se dedican a ofrecer el servicio de quita o anulación de multas mediante diversas plataformas e incluso con cartelería en la vía pública.
La segunda parte de la materialización de lo que la empresa considera como una estafa está concretada, en interpretación del querellante, por funcionarios públicos con acceso al SACIT. Según detalló, son jueces de Faltas provinciales, integrantes de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte quienes “única y exclusivamente” pueden concretar la tarea de quita o borrado de infracciones.
“Es a partir de esa premisa que puede extraerse como conclusión válida y razonable que en el servicio de quita de infracciones podría verificarse un acuerdo mancomunado y coordinado con funcionarios públicos provinciales que se verían beneficiados con frondosos réditos económicos con este sistema de recaudación de dinero montado en forma ilegal”, aseguraron al redondear la presentación.
Para Camani, las conductas descriptas configuran los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho activo y pasivo. ¿Por qué la demanda se presentó en Morón? Porque las publicaciones alusivas a quienes brindan esos servicios tienen domicilios radicados en Morón, Merlo y Hurlingham.
Allanamientos y varias personas identificadas y notificadas de la causa en su contra
Personal policial de la DDI Morón realizó a lo largo del fin de semana una serie de allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
No hubo detenciones pero sí varias personas identificadas y sindicadas como parte de la organización (cuatro mujeres y un varón mayores de edad). Además, incautaron varias computadoras y celulares que, se espera, puedan arrojar más elementos de prueba para profundizar la búsqueda.
Entre otras cosas, los investigadores incautaron talonarios de recibos, tickets de pago y se encontraron con un arma, pero que tenía su documentación y los papeles que acreditaban como legítimo portador a quien la entregó, por lo que no fue secuestrada.
Asimismo, fueron individualizados 4 puntos de irregular tramitación se remitieron actuaciones solicitando el allanamiento de estas moradas en favor de ahondar en las investigaciones.
Provincia anunció un nuevo sistema y una auditoría de las multas de tránsito
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la Justicia platense como querellante en la causa que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta e investiga una presunta organización que elimina multas de tránsito.
En paralelo, el ministro del área, Jorge D’Onofrio, anunció esta mañana que la provincia modificará el sistema con la finalidad de transparentarlo. “Estamos convencidos que hemos mostrado que no hay un deterioro en la recaudación, sino que, a valores constantes, tanto de cantidad de multas procesadas como de recaudación en pesos, viene creciendo mes contra mes, año contra año”, precisó el funcionario.
Según detalló D’Onofrio, actualmente hay 32 millones 600 mil infracciones de tránsito en stock. Algunas son del año 2009 y, al no contar con absoluciones ni con condenas, quedan ahí para siempre. Eso es lo que intentará ahora modernizar la provincia a partir de un convenio con la Universidad de La Plata, que a través de dos facultades, la de Economía y la de Ingeniería, auditará todas las multas de tránsito.
“Los juzgados provinciales tienen un promedio de 70% de condena contra un 30% de absoluciones, algo que es superior a otras jurisdicciones. La denuncia es por una maniobra para evitar el 50% del pago, algo que la ley permite. Por eso estamos seguros que no hay ninguna maniobra por parte ni de funcionarios, ni de los juzgados provinciales, sino que probablemente haya un trabajo desleal por parte de lo que se denomina intermediarios o gestores, que la justicia determinará si es estafa o es abuso de confianza”, concluyó.
