Una denuncia anónima fue la punta del iceberg para comenzar la investigación. El relato daba cuenta de un domicilio ubicado en la localidad de Virrey del Pino, en la Matanza, que era una suerte de depósito de vehículos robados. Es decir, el lugar al que los rodados eran llevados para dejar “enfriar” unos días y que salieran del radar de búsqueda policial.
La justicia convocó a personal de la DDI de La Matanza, a cargo del comisario Flavio Marino, para trabajar el caso. La hipótesis inicial se fue corroborando con el cúmulo de elementos reunidos mediante vigilancias encubiertas, análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y recopilación de información de organismos oficiales y privados como redes sociales, principalmente la plataforma Marketplace de Facebook, en donde se comercializaban autos y camionetas similares a otros que tenían pedido de secuestro activo por robo.
Toda esa documentación confirmó, a priori, la existencia de “una organización criminal dedicada al robo, ocultamiento, adulteración y comercialización de vehículos automotores de procedencia ilícita”. Así lo definieron fuentes con acceso a la pesquisa ante la consulta de Primer Plano Online. Las puntas se iban hilvanando una a otra, y hasta en varias etapas consiguieron captar conversaciones de vendedores con potenciales compradores.
El gancho de la oferta barata y una labia envidiable para cualquier vendedor
Una de esas gangas a la venta era un Chevrolet Prisma, con “70.000 kilómetros reales, interior impecable, motorcito 10 puntos, tal cual lo ves en la foto”. ¿Por qué la rebaja en comparación al precio de mercado? “Tiene el choquecito delantero del lado del acompañante que está así como lo ves, porque no tengo dinero como para repararlo, pero tiene toda la documentación completa, se lo agarré en parte de pago al titular, que es mi cuñado. Sí tiene una deuda de 1.300.000 pesos de infracciones entre provincia y capital, y de 500.000 pesos de patente”, completó el oferente.
“Tengo 480 kilómetros. Mañana a primera hora estoy yendo a buscarlo con la plata. No me lo vendas, por favor”, fue la respuesta que recibió de parte de la interesada. El negocio estaba en marcha, uno de tantos. Lo que no sabía la compradora era que estaba accediendo a un auto robado, conocido en la jerga como mellizo, que era una modalidad de estafa amparada en papeles truchos y la supuesta verificación policial hecha, que también era apócrifa.
La banda, precisaron los voceros, sustraía vehículos a mano armada, los escondía por un tiempo en viviendas de La Matanza y de Merlo para adulterarlos mediante chapas patente robadas y documentación apócrifa. Luego los ofrecía a través de perfiles falsos en Facebook (Marketplace) manejados desde tres cárceles con una táctica: la persuasión a las víctimas para que se apuraren a aprovechar las ofertas y comprar a precios bajos. Afuera, los cómplices eran los encargados de las entregas.
La investigación se inició en julio de este año y concluyó con una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pino Guevara, a raíz de la solicitud realizada por el fiscal Gastón Bianchi, de la Fiscalía Nº 3 de ese Departamento Judicial. Y quizá la gran bomba que dejó la pesquisa es que el líder de la organización operaba desde una unidad penitenciaria.
Fuentes policiales y judiciales lo identificaron como Walter Javier Capenti Rossi (38), quien permanece detenido en la Unidad Carcelaria de Florencio Varela. Además del cerebro de la operatoria era quien aportaba domicilios para esconder los autos robados. Junto a su celda también fue allanada una mujer detenida en la Unidad Nº 60 de Merlo: Talia Belén Peralta Mombelli (25) y otro hombre, Juan Ángel Díaz (36), quien permanece privado de su libertad en el penal de Campana.
Hubo otras cuatro personas aprehendidas: Sofía Lorena Helzer (31), conocida como ‘La Muda’; Facundo Walter Juárez (24), alias ‘Oreja’; Gabriela Liliana Durán (38); Silvia Estela Jaime (60); y Ricardo Héctor Damián Castillo (43). Pesa sobre la organización la acusación de asociación ilícita, robos agravados reiterados y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Los roles de cada integrante de la banda fueron definidos así: Capenti era el jefe; Sofía Helzer, ‘La Muda’, coordinadora de entregas; Gabriela Durán oficiab de gestora de documentación; Facundo ‘Oreja’ Juárez era el encargado de vigilar y controlar los garajes; Silvia Jaime y Ricardo Castillo proveían viviendas para esconder los vehículos robados; Talia Mombelli creaba perfiles falsos en redes sociales y se encargaba de contactar a las víctimas; y Juan Díaz actuaba como vendedor y persuadía a las víctimas con técnicas de presión psicológica.
