Después del fallo de la Corte que aplicó anteayer el “2×1” al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar que permita proyectar los efectos que traerá la decisión. A última hora de ayer habían llegado a relevar 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.
La llamada ley del 2×1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y previó que pasados dos años de prisión preventiva sin condena se debían computar dobles los días de detención. Fue un período en que no era posible juzgar los secuestros, homicidios y desapariciones forzadas porque regían las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida, invalidadas en 2005. Sí existían algunos juicios por apropiación de niños y robo de bienes, que avanzaban con dificultad.
Convocado por el programa periodístico Primer Plano Recargado, el director de Derechos Humanos del Municipio de Morón, Francisco Mones Ruiz, reflexionó sobre el fallo. “Yo considero como un retroceso la decisión de la Corte Suprema. El 2×1 no lo comparto como criterio general, y menos para las causas de lesa humanidad, porque no son crímenes comunes sino que son crímenes de Estado y, por ende, tienen una naturaleza jurídica distinta”.
A partir del polémico fallo de la Corte, es probable que la mayoría de los acusados por apropiación de hijos de desaparecidos aspiren a salir en libertad, ya sea porque recibieron penas más bajas luego de estar en prisión preventiva, o porque reclaman que se les aplique un tipo penal más benévolo. La sentencia inapelable del tribunal superior de justicia –que cambia el rumbo de las decisiones supremas en materia de juicios de lesa humanidad– dice que “las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrá ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”.
Es por eso que el funcionario de la gestión de Ramiro Tagliaferro consideró que “no podemos aplicar normas comunes a crímenes que tienen otra naturaleza”. Y detalló: “Los crímenes de lesa humanidad son de ejecución continua, es decir, se considera que se siguen ejecutando, están presentes, no prescriben. Hay algún criterio de la aplicación de la norma que no debería ser una causal común como cualquier otra causa”.
Consultado por Adrián Noriega sobre si se trataba de una opinión individual o si con sus dichos representaba también al intendente, Mones Ruiz aclaró que la expresada era la mirada personal del director de Derechos Humanos municipal, pero que es coincidente con la visión expresada por la red de más de diez Municipios, entre los que se encuentran algunos gobernados por Cambiemos como Baradero, Tres de Febrero y Pilar, cuyas áreas de Derechos Humanos también manifestaron su desacuerdo con este fallo del tribunal superior de justicia. Y cerró: “Es una decisión de la Corte Suprema, no algo que pidió el Gobierno que se aplique. Uno debe acatarla y cumplirla, pero eso no quiere decir que no pueda expresar su desacuerdo con la medida”.
