La Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que reduce la sobretasa de justicia del 10 al 5% para toda persona que tenga la necesidad de iniciar un trámite judicial en jurisdicción provincial.
Según se informó oficialmente, se trata de una contribución que “no se destina a la mejora del sistema judicial, sino que se asigna al fondo solidario de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires”, cuyo pago es obligatorio para la ciudadanía como requisito para acceder a la justicia como tal.
El texto, impulsado por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, deroga el inciso g) del artículo 12 de la Ley N°6717 que regula el Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia, que impone actualmente una contribución adicional del diez por ciento en la Tasa de Justicia que deben abonar las personas involucradas en procesos judiciales.
Ese monto se asigna al fondo solidario de la Caja de Previsión Social de los abogados bonaerenses. En términos libertarios, se trataría de un privilegio de casta, aunque el peronismo no lo llama de ese modo.
Duras críticas del diputado autor del proyecto al destino de los fondos
“Esta sobretasa en cabeza de los ciudadanos como requisito para poder acceder al sistema de justicia no hace más que disuadirlos de iniciar o continuar acciones judiciales, debido a los altos costos involucrados”, indicó Tignanelli durante su discurso para defender la propuesta.
“Esto atenta contra el principio de acceso a la justicia, garantizado en la Constitución Nacional, y perjudica especialmente a los sectores más vulnerables”, agregó. Es que, según sustentó, la iniciativa tiene como principal objetivo “reducir las barreras económicas” que actualmente enfrentan quienes necesitan acceder a la justicia en la provincia de Buenos Aires.
Además, enfatizó que la modificación está pensada para que el dinero que se recaude en ese concepto deberá ser destinado al pago de prestaciones de los afiliados y “no para viáticos, gastos operativos o administrativos”.
En ese apartado se refirió a los 43 directores que tiene el organismo que nuclea a profesionales de la abogacía. “Son 670 millones de pesos los que representa esta sobretasa, cuando tienen 1200 millones que se están gastando en refrigerio, traslados, viáticos y vaya a saber uno que más cuando esto podría ir a mejorar las jubilaciones de abogados y abogadas”, finalizó.
