El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario horas después de la marcha en defensa del presupuesto para la educación pública. El propio jefe de Estado lo había anticipado anoche a través de las redes sociales.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. Allí, el decreto 879/2024, establece los principales motivos de la decisión de la Casa Rosada al señalar, entre otras cosas, que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.
Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”.
En el documento se indica que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado”. Por esta razón, su implementación “demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
Alejandro Álvarez: “nosotros vamos a financiar a las universidades”
El decreto que estableció el veto a la norma también postuló que la administración de los recursos públicos “debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”. Y se advirtió que el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Otro de los fundamentos expresados en el Boletín Oficial fue que “la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional”. En este sentido, se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva.
“Que se quede tranquila la sociedad que nosotros vamos a financiar a las universidades. Lo que no vamos a permitir es que sean usadas para fines para las que no fueron creadas”, aseguró el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Fue durante un debate que mantuvo con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, en el canal Todo Noticias.
Más allá de que el veto, que ahora debe ser ratificado por el Congreso, tensa la relación entre las partes, el Gobierno, el sector universitario (rectores) y gremios que representan a trabajadores de esas entidades buscan canales de diálogo para intentar encontrar puntos de encuentro que permitan una salida al conflicto, que promete agravarse en caso de que no haya acuerdo de cara al ciclo lectivo 2025.
