El Jurado Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires decidió archivar la denuncia que presentó hace ya varios años (en 2011) el suspendido fiscal de Morón, Alejandro Jons, contra su superior Federico Nieva Woodgate, fiscal general de ese Departamento Judicial.
El organismo, que es presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Pettigiani, desestimó el planteo realizado por Jons por malos tratos y abuso de autoridad en contra de Nieva Woodgate. Según el denunciante, él estaba siendo perseguido en su trabajo dentro del Ministerio Público desde que promovió el juicio político contra su jefe por causas de delitos de lesa humanidad.
“La persecución laboral y personal hacia mi persona se viene llevando a cabo desde que instara un juicio político contra el Fiscal General de Morón, momento a partir del cual ininterrumpidamente se me ha buscado imputar todo tipo de faltas, incumplimientos, y ahora hasta delitos, para destituirme”, esgrimió Jons en su defensa ante el jury cuando le fue remitida la acusación por la que finalmente fue suspendido.
La suspensión data del 20 de diciembre de 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales bonaerenses decidió apartarlo del caso por dos denuncias de sus superiores que fueron declaradas “admisibles” y por las que se inició el proceso de juicio político.
LA ENTREVISTA DE PRIMER PLANO ONLINE CON EL FISCAL JONS TRAS LA SUSPENSIÓN:
Como informó Primer Plano On Line, Jons, integrante de la UFIyJ Nº 4 de Morón, la denuncia contra el fiscal es porque “se encuentra involucrado en gravísimos hechos que no sólo cuestionan directamente su desempeño como magistrado, sino también que, por su conducta irregular, contradice las leyes que regulan y legitiman los actos de su función, violando con su proceder la recta administración de justicia que la ley impone”.
La primera de las causas es por un abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, ocurrido en el año 2004. En esa presentación se acusa al fiscal por haber omitido hacer constar en actas de la instrucción la parte del relato en la cual se hace referencia al abuso sufrido por una de las mujeres denunciantes. La segunda imputación es por haber cobrado “una supuesta suma de dinero, que se aproximaría a los $ 20.000”, a cambio de garantizarle a Walter Balcaza, acusado de haber cometido una salidera bancaria con posterior asesinato de una mujer en Merlo, que controlaría el curso legal de las diligencias de reconocimiento en rueda de presos “evitando para el caso que se muestren fotos de él, y, en caso de arrojar dicho reconocimiento resultado negativo, solicitaría al juez de Garantías interviniente su inmediata libertad”. Léase, de cobrar una cifra abultada de dinero entre julio y agosto de 2006 para mejorar la condición del imputado de un delito grave como un homicidio.
A la espera de su destino, que será evaluado probablemente este año (aunque no hay fecha cierta aún), Jons recibe todos los meses el embrago del 40 por ciento de sus haberes y, a esta altura, tiene imposibilitado renunciar a su cargo de fiscal. Léase, saldrá del juicio político destituido o continuará en el Poder Judicial, según lo que analice el jurado que llevará adelante el procedimiento.
