La política bonaerense se encamina a un acuerdo que puede terminar dinamitando el frente interno de la oposición. Es que luego de un nuevo fallo judicial que declaró inconstitucional a la ley que fija límite a las reelecciones de intendentes, concejales, consejeros, diputados y senadores provinciales exactamente por el mismo motivo, que es lo retroactiva que fue la norma, todo indica que la vía legislativa subsanará el inconveniente planteado y quienes pretendan un nuevo mandato puedan quedar en condiciones de pelearlo.
El juez en lo Contencioso y Administrativo del Juzgado Nº 1 de San Martín, Aníbal Ocampo, dictó un segundo fallo a favor ahora de otro concejal del partido de Malvinas Argentinas. A principio de mes, el magistrado había dictado una medida cautelar a favor de Andrea Pavón, concejala del Frente de Todos de Malvinas Argentinas. Y esta semana hizo lo propio con Carlos Ramón Herrera, presidente del Concejo Deliberante de esa comuna, quien se presentó en el mismo expediente para reclamar por su situación.
Si bien el primero de los fallos fue apelado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que la ruta judicial no parece ser el camino para subsanar un conflicto sordo, que se debate en los sótanos del poder y que al común de la ciudadanía le pasa por un costado. En rigor, esas sentencias obligan a debatir una salida, mientras ya varios intendentes buscaron nuevos horizontes para escapar de la encerrona.
“Usted es uno de los pocos intendentes que no buscó otro cargo para sortear la ley”, planteó Adrián Noriega al jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, en la última emisión del año del programa periodístico Primer Plano por el canal Somos, de Cablevisión. “Será porque estoy muy tranquilo. Sé que la ley va a salir y que cualquier juez sabe que no hay ninguna ley retroactiva, que eso es inconstitucional. Seguramente va a haber un nuevo período para los intendentes”, reflexionó el histórico alcalde peronista.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 22, 2021
Descalzo no planteó un rechazo formal a la norma que limita los mandatos, sino que puso la lupa en el gran eje de cuestionamiento que tiene la ley, y es su retroactividad. Esto es decir: la mayoría de los mandatarios quieren estar habilitados a un período más en el cargo y que rija la el torniquete a partir de 2027 para los cargos ejecutivos. Después, si a partir de ahí si hay como máximo una reelección no lo discutirán. Sobre esa idea subyace la noción de un mega acuerdo con un sector de la oposición.
En rigor, la variante es modificar el párrafo del decreto reglamentario que computa como primer mandato al que estaban ejerciendo en 2016, cuando se sancionó la ley, y correrlo para 2019. Entonces, ganaría la posición de quienes dicen, con aval judicial, que esa legislación les impuso una barrera que les cambió las reglas del juego cuando ya habían asumido con otras pautas. Hay quienes arriesgan, incluso, que esa suerte de enmienda podría votarse el martes próximo junto al Presupuesto bonaerense para 2022.
