150 personas que trabajan en los tres juzgados que tiene la Justicia Federal en Morón se enteraron hace algunas semanas que el próximo 4 de diciembre deben abandonar el edificio donde cumplen funciones hace más de diez años. ¿La razón? La Administración del Consejo de la Magistratura, de “modo unilateral” decidió dejar de pagar el alquiler del inmueble de la calle Crisólogo Larralde 673, del mencionado distrito. Así lo consignaron fuentes judiciales consultadas por Primer Plano Online.
El motivo que derivó en el insólito conflicto fue la falta de pago del alquiler del edificio en donde funcionan las oficinas. El contrato comenzó a regir en 2003 y el propietario del lugar, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo contra la justicia. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo para instar a la desocupación.
Un recuento histórico indica que, desde 2003, se fue alquilando en sucesivos contratos al Consejo de la Magistratura, pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial. “Desde ese entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales”, precisaron los voceos.
Incluso, desde la Corte Suprema de Justicia se sugirió al Consejo de la Magistratura que inicie los trámites con fines de expropiación del edificio teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública, aunque eso no pasó. Por eso, la determinación que tomaron las autoridades del máximo tribunal es optar por mudar las instalaciones a dos parques industriales ubicados en Morón: uno es DECA y el otro el Parque Industrial Morón.
Según pudo saber Primer Plano Online, para funcionar esas dependencias necesitan más de mil metros cuadrados, que es lo que le ofrecen ambos parques industriales. En principio, los juzgados 1 y 3 van a instalarse en el Parque Industrial Morón y el Nº 2 en el DECA, en la parte superior, donde hoy está instalada la base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense.
“El ingreso va a ser exclusivo y por un lugar distinto al que usan los camiones y el transporte en general que va a las empresas. Ya vinieron a ver arquitectos, electricistas y profesionales de la Corte Suprema y ahora lo que falta es la firma de los contratos”, detallaron desde los emprendimientos fabriles.
Lo cierto es que trabajadores de la justicia federal rechazan que un parque industrial, como es lógico, “no cuenta con espacio para el alojo de personas privadas de la libertad” ni para el resguardo de pruebas, como documentación o drogas incluso.
“¿Cómo se llega a tamaña situación y que consecuencias hubo para los responsables? Nada. El actual Administrador del Consejo de la Magistratura, Claudio Cholakian, es el mismo que tomó la decisión de dejar de pagar y hoy empuja a 150 personas a un sector en el que nada tiene que hacer un juzgado”, se quejaron.
El desalojo es una consecuencia de “la decisión de la Cámara Contenciosa lleva más de 4 años, pero ni el Consejo de la Magistratura ni la Corte Suprema dieron señas de querer solucionarlo hasta ahora, a menos de dos meses, sin intervención de las personas perjudicadas”.
