Un contador mandado a detener y supuestamente prófugo, su hijo arrestado, una mesa de dinero y una deuda: el combo, por donde se lo analice, es de por sí dinamita pura. El resultado: un pedido de nulidad de la investigación que habilita a que los damnificados requieran, a través de su abogado defensor, el juicio político del fiscal que llevó adelante la causa. Un escándalo de proporciones en el Departamento Judicial La Matanza que Primer Plano Online comparte en exclusiva con sus lectores.
Todo comenzó el pasado 5 de febrero, cuando el fiscal Carlos Arribas, de la UFI Nº 12 de La Matanza, solicitó el allanamiento y la detención de cuatro personas imputadas en una causa por presuntas estafas. Uno de los acusados es el contador G.A.B., y el otro su hijo, G.A.B. joven que finalmente fue arrestado en el procedimiento. Uno de los supuestos damnificados es también fiscal pero del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Roberto Germinario, también secretario general de la Asociación de Magistrados de ese distrito judicial.
¿De qué se los acusaba? De una deuda millonaria con un acreedor que reclamaba el pago. El tema es que el origen de la investigación fue lo que desató el primer escándalo: quien reclama por la deuda es una persona que se presentó en la Fiscalía pero sin documentación respaldatoria. No tenía contrato ni recibos, y encima se presentó en el fuero penal. La única información objetiva que acercó fue un correo electrónico, que fue el fundamento judicial para solicitar la detención y ordenar los allanamientos.
Mientras B. hijo permaneció privado de su libertad, su abogado, Fernando Sicilia, presentó un pedido de eximición de prisión, que le fue denegado. “Yo lo que hacía mi papá con su dinero no tenía ni idea”, se defendió el joven cuando prestó declaración. En el medio, la esposa del arrestado recibió un llamado telefónico desconocido, en donde una voz se vanagloriaba de la imposibilidad de que su marido salga de la cárcel. De eso hay audios y registros.
En ese momento, ante la negativa sistemática de recuperar la libertad de su cliente, el abogado insistió ante el fiscal Arribas con un pedido de medidas antilavado, porque la suma que le reclamaban era millonaria. “Usted debió haber investigado el origen de esos fondos”, planteó el letrado. Allí el funcionario judicial se excusó de continuar con el trámite y le dio traslado a su compañera de dependencia, Karina Licalzi, que tampoco tomó intervención y la elevó a Fiscalía General.
La jefa de los fiscales de La Matanza, Patricia Ochoa, giró la causa a la Procuración, para que sea otra dependencia la que intervenga, dado que no había forma de que la investigación siga en La Matanza. El expediente recayó en el fiscal Álvaro Garganta, quien ante la “notable deficiencia de la imputación y el pedido de detención” hecho por Arribas, pidió el inmediato cese del arresto de B. hijo y la nulidad del requerimiento, que había sido habilitado por las juezas de Garantías de Matanza Mary Mabel Castillo y Carina Andrijasevich.
A raíz de este suceso, el abogado Fernando Sicilia pidió el juicio político de Arribas. “Ha realizado medidas de prueba inconducentes, parcializadas y direccionadas a intentar favorecer a los denunciantes, entre ellos, su colega del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Germinario”, le dijo el letrado a Primer Plano Online.
Hay otro hecho gravísimo denunciado por la defensa de los B. Mientras duró la detención se habrían realizado gastos con las tarjetas de crédito que le tenían secuestradas, e ingresaron a las computadoras y a los teléfonos celulares sin orden judicial, también con el objetivo de realizar compras en el Apple Store. Entre otras cosas, un pasaje en la low cost Jet Smart para viajar a Chile el 26 de febrero por un total de $30.768,88, un artículo ese mismo día en la empresa Cetrogar por un valor de $14.598,04.
