La Escuela Agustín Tosco de la Unidad Penal Nº 39 de Ituzaingó es de educación secundaria, funciona de lunes a viernes de 13 a 17 y el promedio de edad de los alumnos es de 25 años. Tal como ya fue comprobado con la experiencia del Centro Universitario de Devoto (CUD) y otros similares, el nivel de reincidencia de los estudiantes internos es casi nulo. La escuela pertenece al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y funciona en la cárcel que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Allí da clases, entre tantos otros docentes, Ignacio Testasseca, profesor de Filosofía. En lo que va de 2019 detectó que hubo tres estudiantes que dejaron de asistir a sus clases y no porque llegaron tarde o eligieron hacer otra actividad: no fueron porque murieron, de un día para el otro o en el transcurso de un fin de semana.
«No aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar», le pusieron como título a un pequeño texto que escribió junto a colegas que lo acompañan en el desafío de educar a personas privadas de su libertad.
El profesor también habló con el diario Página 12. Y precisó: «Estamos muy preocupados por la desidia y el corrimiento del Estado en sus responsabilidades. Lo que nos pasó a nosotros es una situación generalizada en las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires, como muestran las cifras de los informes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)».
Y agregó que «frente al temor de la naturalización de estas muertes y sufrimientos la idea es evitar ese proceso de invisibilización, llamar a la comunidad para que sepa lo que está sucediendo, para que pueda estar atenta sobre este sector que es el de mayor vulnerabilidad, es la otredad de la otredad».
Las crónicas sobre esa cárcel mencionan muertes pero mayormente las adjudican a peleas entre presos, exhiben videos sobre el estado deplorable de la morgue contigua, pero también mencionan entre las actividades de la escuela secundaria intramuros los talleres de literatura y las charlas sobre violencia institucional, como la que dio hace un mes Miriam Medina, quien compartió con los privados de la libertad las circunstancias en las que su hijo Sebastián Bordón fue víctima de la violencia policial.
«Manifestamos, en primer lugar, el dolor infinito que sentimos por las muertes de estudiantes privadxs de su libertad en esta Unidad. Al dolor que sentimos desde el vínculo pedagógico construido, sumamos nuestra profunda preocupación puesto que en lo que va del corriente año ya son tres estudiantes que han muerto en dependencias del Penal», escribieron los docentes.
«Las muertes de estudiantes no constituyen hechos aislados, ni tienen que ver con lo que puede concebirse como fatalidades, o como aquel inverosímil categorizado como errores o excesos. Se inscriben en una trama institucional que, por definición, excede la materialidad de la Unidad Penal particular en la que éstas ocurren», afirmaron.
Y citaron el informe anual 2019 El sistema de la crueldad XIII sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la Provincia de Buenos Aires, elaborado por el Comité contra la tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. El documento es categórico al respecto: en 2018 murieron 140 personas en cárceles provinciales, cuyas causas de muerte se desagregan de esta manera»:
*Problemas de salud no asistidos (72 por ciento)
* Homicidio (10 por ciento)
* Suicidio (8 por ciento)
*Accidente (2 por ciento)
* Sin datos (1 por ciento)
