Una nota que empezó a llegar desde el jueves pasado a los vecinos que habitan el Barrio Aeronáutico de El Palomar encendió nuevamente las alarmas sobre inminentes desalojos.
La misiva, fechada el 25 de abril, está firmada por el vicecomodoro Sebastián Clausi, y solicita a los habitantes de la vivienda ubicada en Zani Nº 1 que informen si en esa casa residen “menores de edad, embarazadas, ancianos o personas en situación de calle”. “Ello a fines de cumplimentar lo solicitado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3”, completa el texto.
Lo cierto es que la nota volvió a poner en guardia no sólo a los vecinos sino también a la clase política de Morón. El primero que salió al cruce de esta situación fue el precandidato a intendente por el peronismo, Gabriel Barquero, quien sostuvo que “es muy angustiante la situación que se vive en nuestro distrito, con vecinos que pagan sus impuestos y que hoy luchan por no perder su casa”.
“El Gobierno insiste por carta con un desalojo ilegal e injusto”, argumentó, el tiempo que cuestionó “la complicidad del intendente Ramiro Tagliaferro, que hace tiempo mira para otro lado y hoy también es responsable del desalojo de cientos de familias”.
En rigor, el intendente se expresó públicamente sobre el tema en el programa periodístico Primer Plano, y habló de que “no son 150 familias” las que temen por su futuro y la posibilidad de quedarse sin vivienda. “Son 47 casos judicializados, de los cuales estamos discutiendo el desalojo en 8 casos puntuales”, aseguró Tagliaferro, siempre según la información que le aportó el Ministerio de Defensa.
Y puntualizó: “acá hay un problema real, que es lo que hay que decir abiertamente: el tema está judicializado. Nosotros no somos el Poder Judicial: yo no le puedo decir al juez si corresponde o no desalojar con los antecedentes que hay en el expediente, que vienen de antes. Me pongo en el medio, porque la decisión última no es nuestra”.
“El ministro me dijo que se estaba ocupando, que lo estaba mirando, de hecho, él fue el primero que me dio el dato concreto, caso por caso, de los que era judicializado. Hay voluntad de resolver el tema en el marco de la justicia, y es lo que estamos viendo por la tranquilidad de las familias”, cerró.
Sin embargo, Barquero advirtió que «son vecinos que viven hace 20 años y es una decisión del gobierno realizar un emprendimiento comercial sin valorar la situación de 300 familias». La referencia es porque, según su mirada, el conflicto se desató a finales del año pasado luego de la aprobación de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano en el municipio de Morón, que permite la construcción de espacios comerciales en tierras del Estado.
“Desde la oposición y distintas organizaciones sociales y civiles del distrito, vamos a seguir apoyando a las familias para evitar que se concrete este desalojo”, concluyó el dirigente peronista.
