Alicia Angiono, Silvia Cattáneo y Nelly Arata son las caras visibles de un grupo de mujeres que vienen trabajando desde hace años para que muchos casos de violencia extrema no queden impunes. Además, para que las víctimas de delitos graves encuentren protección frente a lo impiadoso del destino que se lleva un familiar querido. Cada una de ellas, a su manera, vive con un drama eterno a cuestas, una condena perpetua, que es la ausencia.
Desde la organización Madres y Familiares de Víctimas (MAFAVI) se caracterizan por golpear puertas, visitar juzgados y fiscalías, reclamar recursos para investigaciones y hasta son protagonistas de acciones de riesgo: salen a la calle por su cuenta para conseguir pruebas. Lo hacen con una finalidad: que muchas causas no queden sin justicia por el paso del tiempo. Son una referencia inevitable para los medios de comunicación que intentan localizar a familias que quedaron truncas frente al delito y también para la política: hace algunas semanas se entrevistaron con la gobernadora María Eugenia Vidal para transmitir sus inquietudes. Y encontraron receptividad en la mandataria, que trabaja para que la Provincia de Buenos Aires tenga, al menos, un centro de atención a víctimas en cada Departamento Judicial.
Consultadas por Primer Plano On Line, cada una brindó su perspectiva en relación al proyecto de ley que se debatió el martes en Morón para conformar una estructura a nivel nacional en defensa de los familiares de víctimas de delitos graves. “Un delito, un abogado” es la síntesis de la iniciativa elaborada por el diputado nacional Sergio Massa. Más allá de las consideraciones técnicas, hay tres palabras que resumen el pensamiento de Angiono, Cattáneo y Arata: presupuesto, agilización y visibilización, objetivos principales que se deben contemplar a la hora de pensar en conseguir algo de reparación para quienes sufrieron la agresión del delito.
“Nos parece muy bien que haya una ley que proteja a las víctimas, pero el tema está en ver si habrá el presupuesto adecuado. En todos estos años comprobamos que falta presupuesto para esclarecer hechos que no fueron aclarados y para prevenir”, sintetizó Angiono, quien perdió a su hermano Eduardo durante un asalto en Villa Ariza en 2003. El hombre fue asesinado por Juan José Pagnotta, condenado a reclusión perpetua.
“Hay muchos temas por resolver. Por ejemplo, en esta jornada no escuché la palabra agilización, porque no se puede tardar 7 u 8 años para llegar a un juicio. No escuché hablar sobre qué piensan hacer con este sistema colapsado”, expresó Silvia Cattáneo, secretaria de MAFAVI. Ella tiene una historia similar a la de Angiono: su hermano Raúl tenía 46 años y, el 18 de mayo de 2007, fue asesinado en el kiosco de venta de diarios de José María Paz al 700, en Ituzaingó, durante un asalto.
Nelly Arata perdió en 2002 a su hijo Fabián de 33 años en manos de delincuentes que le dispararon para robarle el vehículo en la puerta de su casa en el barrio San Alberto de Ituzaingó. En ese momento se encontraba con su hermano, quien lógicamente quedó marcado para siempre por el hecho. La de esta mujer es, quizá, la voz menos optimista de todas, porque confiesa que su hijo, el que sobrevivió al trágico episodio, posteriormente estuvo en otras tres ocasiones enfrentado con delincuentes que también portaban armas de fuego. “Es un flagelo que nos va a costar muchísimo desenterrar”, manifestó a Primer Plano On Line, en una respuesta en la que también dejó en clara su decepción por la cantidad de gente que participó de la movilización ‘Para que no te Pase’ que se realizó frente al Congreso Nacional. “La víctima es olvidada a los pocos días de su tragedia, por eso es importante su visibilización”, concluyó.
