La sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dispuso la “inmediata libertad” de Luis Miguel Del Castillo, Nahuel Hernán Montenegro y Emiliano Hugo Romano, quienes habían sido condenados a 20 años de prisión por el crimen de Nahuel Zárate ocurrido el día 24 de junio de 2020.
La camarista María Florencia Budiño y su colega Fernando Luis María Mancini aceptaron el recurso interpuesto por la defensora de los tres condenados, Liliana Bevilacqua, en un trámite que también tuvo la participación como amicus curiae de Paula Litvachky en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y de Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano Garcia, presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El crimen de Zárate fue juzgado por el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Matanza, y concluyó con las condenas a los tres imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo. Al joven lo asesinaron en medio de las restricciones de circulación por la pandemia de Covid 19 a las 11.20 de la mañana de aquel día cuando salía de su casa de la calle Cañuelas al 4200 del barrio ‘Oro Verde’, en Virrey del Pino, junto a su novia.
En esas circunstancias tres sujetos lo interceptaron cuando la pareja se aprestaba a subir al Chevrolet Cruze, propiedad del muchacho, y le exigieron la entrega de las llaves del rodado. Pero, frente a la resistencia del joven, uno de los atacantes disparó un balazo que al rato terminó siendo mortal. Desde entonces quedó en marcha la investigación policial y judicial, que estuvo a cargo del fiscal Claudio Fornaro.
Los tres acusados por el crimen de Nahuel Zárate negaron su participación en el hecho
Para la defensora de los tres condenados, durante el juicio en su contra se cometieron “gran número de arbitrariedades destinadas a torcer lo vivenciado en el debate” con el objetivo de confirmar la hipótesis de que los imputados eran los responsables del asesinato de Zárate y “revalidar una decisión que ya estaba tomada”, según la letrada.
Entre los principales puntos de un reclamo de varias carillas, Bevilacqua señaló que la novia de la víctima fatal, que fue la única testigo del hecho, había reconocido a los detenidos en la comisaría en la que se encontraba realizando la denuncia. Así constaba en el expediente original: que estando en la dependencia los vio entrar y los identificó. Pero en el juicio eso no pasó: al declarar contó que ella nunca había afirmado eso dado que, debido al shock del momento no hubiera podido hacerlo.
A lo largo de la investigación, asimismo, se recopilaron rastros que quedaron en el rodado usado por los asesinos con los que luego de conformaron perfiles de ADN que no coincidían con ninguno de los detenidos y luego juzgados. También se les hicieron las pericias de dermotest y no se hallaron restos de pólvora en los acusados. Es decir, no habían disparado un arma.
Hay también en la apelación una mención a lo que quedó establecido en la instrucción del caso, en donde supuestamente una vecina observó por cámaras de seguridad “de un vecino que es policía” cómo actuaron los agresores. “Esas cámaras no funcionaban, incoherencias que tampoco tuvieron respuesta y permiten suponer que podrían haber captado los verdaderos autores”, enfatizó la abogada. Por último, la propia Casación expresa una contradicción en el veredicto condenatorio vinculado a la ropa que tenían puesta los acusados.
“La fiscalía se limitó a inculpar a los acusados sobre la base de tareas de prevención policial y un supuesto reconocimiento impropio realizado en sede policial, descartando el análisis o estudio de cualquier otro tipo de evidencia que fuera en sentido contrario o que pudiesen ayudar a descartar su participación en los hechos”, concluyó el tribunal de alzada.
Una vez firmado el fallo, los tres condenados fueron liberados ayer mismo luego de casi tres años por un crimen que no se pudo probar que cometieron, algo en la máxima judicial suele ser de lo peor que hay: la condena a uno o más inocentes. De la mano de eso otro drama: la familia de la víctima, que no puede obtener justicia y el asesinato va camino a quedar impune.
