El gobierno bonaerense y los gremios docentes se distancian cada día más. A la abismal diferencia de posturas respecto del aumento salarial para este año, que ya batió el récord de “no acuerdo paritario” que ostentaba el 2017, cuando el acta se firmó el 4 de julio, ahora se suma la mayor medida de fuerza de los maestros en lo que va del presente ciclo lectivo, es decir, 3 días de huelga entre el lunes 30 y el miércoles 1º de agosto, y la posible contraofensiva del Ejecutivo, que tomó la decisión de llamar a conciliación obligatoria para garantizar el reinicio del ciclo lectivo.
Se trata, en rigor, de una enorme contradicción legal que todavía la política no logró resolver. El Gobierno, que es parte en la discusión paritaria como empleador, le solicita a un entre propio -como el Ministerio de Trabajo- una medida para que los sindicatos no hagan paro. Algo así como ser el dueño de la pelota en toda su dimensión. El pedido fue girado ayer a última hora a la cartera laboral donde el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, firmará la medida y notificará vía telegrama a cada uno de los gremios docentes. Eso implica que, por 15 días, ambas partes deben sentarse a negociar y abstenerse de realizar acciones directas que impidan el acercamiento para encontrar una solución al conflicto.
La gobernadora María Eugenia Vidal tiene en sus manos la responsabilidad del inicio de clases. pic.twitter.com/dMLW7wMMPu
— Roberto Baradel (@RobiBaradel) July 26, 2018
No es algo menor esta decisión en medio de una discusión salarial interminable. Hace dos semanas, el Gobierno nacional impuso una multa de 810 millones de pesos al gremio de Camioneros por incumplir la conciliación que había dictado el Ministerio de Trabajo nacional. Si los docentes no acataran la decisión serían pasibles de una sanción similar. Y el escándalo crecería vaya a saber uno hasta dónde.
Otra cuestión que están analizando por estas horas en cercanías de la gobernadora Vidal es adelantar el pago del sueldo de agosto. Cabe recordar que el miércoles el gobierno depositó una nueva suma, la quinta del año, a cuenta de un futuro acuerdo paritario. Para los gobernantes es “la garantía de que los docentes no pierdan ante la inflación”. Para los dirigentes gremiales del sector se trata de “sumas fijas que se cobran por única vez en base a una extraña escala salarial que inventó el ministerio de Economía, no remunerativas y no acumulativas, no aportan a la jubilación, a la antigüedad y no se contemplan para el aguinaldo”.
