El Municipio de Morón, a través de su intendente, Lucas Ghi, entregó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, un proyecto de ley para combatir motochorros. La iniciativa contempla la modificación de dos artículos del Código Procesal Penal bonaerense para evitar que los delincuentes que utilicen esos rodados para cometer delitos puedan acceder a beneficios como la excarcelación.
“Esta propuesta pone en jaque la posibilidad de que quienes cometen un delito en moto puedan conseguir fácilmente la libertad. La utilización de una moto en realidad lo que hace es perfeccionar el delito, porque le permite al delincuente sorprender con mayor rapidez y eludir a la fuerza de seguridad. Es decir, la moto es un agravante”, describió Damián Cardoso, secretario de Seguridad de la comuna.
En conversación con Adrián Noriega y Norman Díaz durante la emisión del programa periodístico Primer Plano por canal Somos, de Flow, el funcionario desmenuzó la iniciativa, que ahora deberá ser evaluada por el Ejecutivo provincial y girar a la Legislatura para su tratamiento.
Los artículos que propone modificar el proyecto contra motochorros
El texto modifica en sí el artículo 171 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.922), que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 171 – Denegatoria de la excarcelación: en ningún caso se concederá la excarcelación cuando existan indicios vehementes de que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación penal preparatoria. Particularmente, en el inciso B) se contempla que en casos de robo, robo agravado o tentativa de robo cuando los hechos hayan sido cometidos utilizando un motovehículo para facilitar el ataque, la huida o cualquier otro acto vinculado a la ejecución del delito. Esta circunstancia podrá ser valorada como indicio vehemente de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
También se propone una modificación al artículo 189 bis, apartado 2º, en relación a la prisión preventiva de un imputado, que podrá ordenarse cuando, además de acreditarse verosímilmente la existencia de un hecho y la participación punible del acusado, surja que su libertad representa un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento del proceso penal. De eso será indicio que haya usado una moto para concretar el delito.
“Es un proyecto viable, tiene excelencia jurídica, es posible debatirlo en la Legislatura porque la provincia está afectada por esta modalidad. Creo que los legisladores debían ser sensibles con la propuesta. Para nosotros, como Secretaría de Seguridad, generar este tipo de proyectos de impacto provincial es muy importante”, completó Cardoso.
La iniciativa comenzó a gestarse en la Fundación 300, desde donde se inició la ronda de consultas con el Poder Judicial y se le fueron incorporando mejoras. Según el funcionario es un texto que se ajusta a derecho, tiene aptitud jurídica, es simple de aplicar y tiene la lógica aportada por operadores del servicio de justicia, que lidian a diario con la problemática.
Además, Cardoso aclaró que no se modifica el régimen general de excarcelaciones ni el principio de inocencia, y tampoco se introducen restricciones automáticas o penas anticipadas. “Muy por el contrario, se limita a incorporar en el texto legal supuestos objetivos que el juez podrá valorar como indicios de peligro procesal, en consonancia con los estándares constitucionales y jurisprudencia vigente”, cerró.
