Agentes del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) clausuraron un predio ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner (Rivadavia) al 22.000, en Ituzaingó, por encontrar allí “derrames y contenedores con residuos peligrosos que contaminaban al medio ambiente y a la salud de las personas”, informaron fuentes de la investigación.
Se trata de un expediente iniciado en julio de 2022 por el fiscal federal de Hurlingham Santiago Marquevich, quien ordenó una serie de tareas para determinar si en el lugar se almacenaban y fraccionaban combustibles de manera ilegal. El tema fue que, en el camino de la averiguación junto a su secretario, Eduardo Suárez, detectaron que el propietario del emprendimiento productivo falleció.
“La persona que regenteaba el lugar, que sería el principal imputado en la causa, falleció, por eso se aceleró la decisión de intervenir en el lugar. Es que todo ese material quedó abandonado porque los hijos no siguieron con el negocio. Ahí es que surgió la figura de pasivo ambiental, porque quedaron esas sustancias peligrosas a la deriva”, describió una fuente judicial ante la consulta de Primer Plano Online. El rigor, el propietario de ese emprendimiento productivo se suicidó en diciembre pasado.
Antes, la pesquisa de la Federal determinó que allí había “grandes cantidades” de elementos vinculados a hidrocarburos, manipulados y utilizados “de forma indebida”, se precisó. Hallaron también los investigadores tractores y camiones cisternas “repletos de combustible”, que representaban “un potencial riesgo” para las familias que habitan la zona y al ambiente por “derrames y fugas”, habida cuenta de “la precariedad de las condiciones en qué todo ello se encontraba”.
Fuentes judiciales revelaron, asimismo, que los responsables del emprendimiento están “vinculados al almacenamiento y fraccionamiento clandestino de diferentes combustibles y otros derivados de hidrocarburos”. Por ese motivo, la jueza federal Alicia Vence, quien subroga el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, ordenó un allanamiento del inmueble para constatar las irregularidades.
Los encardados de llevar adelante la manda judicial dentro del predio confirmaron el “alto grado de peligrosidad” del material inflamable hallado y “la contaminación que afectó severamente el suelo, trasladándose las napas y aguas subterráneas”. Eso provocó “un pasivo ambiental que va tardar años en remediarse”, describieron desde la Policía Federal.
La jueza dispuso entonces la clausura total del terreno, y ordenó que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, efectúe “un detallado informe” sobre su intervención relacionada al estado del predio, el tipo de infracción que aplicará, el posible peligro al medio ambiente, qué tipo de intimación formulará, ordenando también la disposición de personal idóneo para realizar una limpieza preventiva destinada a evitar cualquier peligro latente.
El Municipio de Ituzaingó también fue notificado de lo acontecido y se aguarda que en las próximas horas tome cartas en el asunto. Después del derrama tóxico del camión la semana pasada sobre Acceso Oeste, la cuestión ambiental gana nuevamente lugar en la agenda del Estado.
