“El calabozo de mujeres tiene unas dimensiones aproximadas de 3 x 2.4 metros y 4 metros de altura. La puerta es de rejas. Esto implica que no existe privacidad y las mujeres que quedan allí alojadas quedan expuestas a la mirada tanto de policías mujeres como hombres. En algunos casos los relatos obtenidos de las mujeres que transitaron por estas celdas, dan cuenta de que tuvieron que improvisar cortinas con mantas o sábanas para lograr algo de intimidad al higienizarse. Como agravante, se puede mencionar que hay una cámara de seguridad en el sector común, a escaso un metro de la entrada de la celda”.
Ese es apenas un capítulo de un informe de 77 páginas elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que llegó a manos de la justicia y derivó en la clausura de los calabozos de la DDI de Moreno y de la comisaría 6ª de Paso del Rey. En cumplimiento de su rol como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo detectó en ambas dependencias que la precariedad de la infraestructura, la insalubridad y el hacinamiento constituían “condiciones de detención violatorias de los derechos humanos”.
A raíz del detallado registro, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de ese Departamento Judicial, a cargo de juez Jorge Fernando Mariano, hizo lugar al habeas corpus presentado y prohibió el alojamiento de personas en ambas dependencias. Además, dispuso la clausura de las celdas hasta que cuenten con condiciones edilicias apropiadas y habilitadas para alojar detenidos y el traslado de 11 mujeres privadas de su libertad a otras seccionales.
Superpoblación y conexiones eléctricas precarias
En la comisaría 6ª, por ejemplo, había 9 mujeres en un calabozo con cupo para 3, lo que representa una superpoblación del 200%. Con un agravante: al momento de la inspección de la CPM eran 11 las detenidas alojadas en ese pequeño habitáculo. Todas dormían “en colchones muy finos, sucios y rotos, expuestos a la humedad y filtraciones, sin ventilación alguna y en penumbra permanente, ya que la celda no contaba con ventanas y el lugar se iluminaba con focos conectados precariamente y sin ninguna medida de seguridad”.
“Permanecían en ese aislamiento extremo en celda durante las 24 horas, sin acceso a ningún espacio o patio con luz o ventilación natural. El aire era irrespirable y los olores nauseabundos”, graficaron en el informe. “Las visitas eran una vez a la semana en ese mismo lugar y sólo podían ingresar mujeres familiares directas. Quienes tenían hijos no podían verlos ni se garantizaba el contacto con ellos. Tampoco podían comunicarse con sus familias o con su defensa ya que estaba prohibido el uso de celulares”, agregaron.
Los elementos de limpieza, higiene o gestión menstrual, al igual que para la provisión de alimentos o medicamentos, tenían que ser provistos por la familia, de modo que dependían de las visitas, con quienes se comunicaban a veces por carta. La CPM también denunció “requisas vejatorias” y relevó personas enfermas sin atención médica alguna o falta de acceso a servicios hospitalarios, ante cuadros que requerían intervención inmediata.
La CPM viene advirtiendo sobre el incremento pronunciado y constante del encarcelamiento de mujeres en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. En 10 años, la población de mujeres en comisarías pasó de representar el 6% al 11% del total de las personas detenidas.
