Caso Diego Roda, el comerciante asesinado por balas policiales la noche del 12 de septiembre de 2016 cuando salía de la casa de su suegra en Ituzaingó: se conoció una nueva sentencia en el marco de la causa judicial y quedó todo listo para que se revele la verdad en el juicio por jurados contra el principal acusado.
El juez Carlos Roberto Torti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Morón, tuvo a su cargo la sentencia contra Gerardo Gabriel San Miguel, uno de los dos efectivos policiales que permanece detenido desde abril de 2021, cuando la reconstrucción del asesinato del verdulero confirmó cómo fue la mecánica del ataque.
Como informó Primer Plano Online en múltiples artículos, a Roda lo mató la Policía que iba en persecución de dos delincuentes que habían robado una camioneta en Caseros, vehículo que abandonaron en medio de una persecución y tiroteo. Lo que quedó establecido en la investigación realizada por el fiscal Marcelo Tavolaro es que a la víctima le dispararon al confundirlo con los malvivientes a los que perseguían.
De milagro aquella fatídica noche no cometieron una masacre aún mayor, porque en el auto que manejaba el comerciante también viajaba su pareja, Virginia Tueso, quien resultó herida por las balas policiales, y el pequeño bebé Pedro, de apenas 12 días de vida. Desde entonces la familia de la víctima clama por justicia que, de a poco, va empezando a llegar.
La condena contra Gerardo San Miguel
Mediante el mecanismo de juicio abreviado, el juez Torti impuso a San Miguel la pena de seis años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. El magistrado le imputó al expolicía los delitos de disparo de arma de fuego agravado por tratarse de un funcionario policial en el ejercicio abusivo de su función, y, falsedad ideológica de documento público.
Dos cuestiones que el ahora condenado aceptó durante el trámite judicial en su contra: primero, fue él uno de los que gatilló su arma reglamentaria contra el coche en que viajaban Roda, su esposa y su bebé. Pero, lo que se comprobó en la instrucción, es que esa bala impactó en la carrocería del vehículo y no es una de las que mató al comerciante. El magistrado fue elogioso del trabajo realizado por la División Balística de la Delegación Morón de la Policía Federal Argentina.
“La violencia institucional no sólo se generó en los disparos sino en todas las patrañas que se fueron construyendo después. Es únicamente el Estado quien está obligado a respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos y, en tal sentido, es el único que puede violarlos. Es por ello que cuando funcionarios estatales incumplen sus obligaciones o abusa del poder que le fue conferido nos encontramos frente a una violación de derechos humanos”, fue la reflexión del juez Torti en su fallo, al que tuvo acceso Primer Plano Online.
El magistrado refiere a que hubo múltiples mentiras en el expediente, que se pudieron descubrir varios meses después. A Roda no lo mataron balas de delincuentes sino de policías. Y el principal sospechoso de haber cometido el crimen es Fernando Grané, otro integrante de la fuerza que permanece detenido y a la espera del juicio por jurados, que todavía no tiene fecha. Es quien llega con la expectativa de pena de prisión perpetua.
Un juicio abreviado con aval de la familia Roda
Según pudo saber Primer Plano Online, el resultado del juicio abreviado fue consensuado entre las partes: es decir, antes de llevar la propuesta al tribunal, el fiscal Patricio Pagani lo habló con la familia Roda, que manifestó su conformidad con la resolución. Principalmente con el cambio de calificación, que pasó de homicidio calificado a disparo de arma de fuego.
De todos modos, más allá del monto de la pena (que pasó de perpetua a seis años) y pese a que esperaban una condena mayor, el abogado de padre y madre del comerciante asesinado, Ismael Jalil, aseguró a este medio que la resolución del caso San Miguel es “fundamental” para el último juicio que queda pendiente, que será el más importante.
“En el último tiempo se secuestró un elemento de prueba que creemos puede ser determinante para la suerte de Fernando Grané, el policía que le disparó a Diego (Roda). Además, en el juicio abreviado, San Miguel reconoció los hechos y todo lo que pasó después para fraguar la prueba”, detalló el letrado. La pretensión de la familia del comerciante es clara: perpetua para el expolicía asesino.
En la pena impuesta a San Miguel también se tuvo en cuenta el relato de la viuda de la víctima, Virginia Tueso, quien declaró que luego de la balacera fue el propio uniformado el que se acercó hasta ella y le alcanzó un trapo para que se haga un torniquete en la herida que tenía en el antebrazo derecho para que deje de sangrar.
Al trámite judicial, más allá del juicio por jurados que espera Grané, también le resta un debate técnico contra Sergio Fabián Barrientos, Maximiliano Duarte y el actual comisario Diego Carreira, que también enfrentan cargos por la falsificación de documentos públicos tras la muerte de Roda. Es decir, por haber llenado actas de manera apócrifa en torno a lo sucedido.
Las otras condenas en la causa por el crimen de Diego Roda
La primera condenada también por el mecanismo de juicio abreviado había sido la expolicía Camila Fernanda Pazos (33), quien recibió la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por seis años para ejercer cargos públicos. La acusaron de los delitos de falso testimonio, encubrimiento agravado por la condición de funcionaria publica y falsedad ideológica de instrumento público.
Las otras personas condenadas en el caso fueron el excomisario Daniel Fernando Pérez; el exintegrante de la Policía Local de ese distrito Maximiliano Gastón Ramos; y la pareja de civiles compuesta por Alejandro Tomás Salomón y Johana Belén Vukman.
A los funcionarios policiales les cupo la pena de la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena (es decir, seis años) en orden a los delitos de encubrimiento agravado por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio.
Por su parte, a Salomón y a Vukman la sanción impuesta por la justicia fue de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ser parte de procesos judiciales, en ambos caos por los delitos de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado condena y pagar las costas del proceso.
