La fiscal Graciela Biassotti, de la Unidad Fiscal Descentralizada N°2 de Ituzaingó, recibirá el próximo lunes a las 11 a los padres de Diego Aljanati, el adolescente de 13 años que murió el 27 de marzo de 2015 tras ser atropellado por un patrullero a la salida del boliche Enjoy, la matiné que funcionaba en el Club Lelior de Ituzaingó.
La reunión se producirá luego de la indignación que provocó en los familiares de la víctima la resolución que tuvo el caso pero no por la condena sino por no haberse enterado del resultado. Como ya informó Primer Plano On Line, a través del mecanismo de juicio abreviado, la fiscalía acordó con la defensa de la imputada, la agente de la Policía bonaerense Graciela Basualdo, una pena de tres años de prisión en suspenso más otros 7 años de inhabilitación para conducir. El acuerdo fue homologado por el juez Ángel Palumbo, del Juzgado Correccional N° 3, quien dio por cerrado el caso. Ahora sólo les queda a los papás de Diego apelar al tribunal de Casación bonaerense.
La polémica, más allá de los años y la carátula de la causa, está dada en la no participación del particular damnificado frente a la decisión. Es que, si bien la opinión de la parte acusadora privada (la familia) no es vinculante en esta ocasión y es válido que la condena la acuerden entre fiscal y acusado, lo cierto es que existe un protocolo de acción en el Departamento Judicial de Morón que insta a los funcionarios judiciales a informar a todas las partes y escuchar todas las opiniones. Después, claro está, las decisiones que crean convenientes los fiscales, siempre y cuando sean acorde a derecho y avaladas por el juez, quedan firmes.
Incluso, el artículo 51 de la Ley 14.442, conocida como Ley del Ministerio Público Fiscal, contempla: “en todos los casos en que se pretenda aplicar un principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o un sobreseimiento, se arbitrarán los medios para informar al interesado”. Por su parte, el artículo 83 del Código Procesal Penal bonaerense también contempla los derechos de la víctima, entre ellos la información.
Según informaron a Primer Plano On Line desde la Fiscalía de Biassotti, a uno de los abogados que patrocina a la familia Aljanati le comunicaron la determinación y hasta prestó conformidad para el procedimiento. El tema es que los padres nunca lo supieron, y por eso su indignación frente al hecho consumado. Ni siquiera ponen en debate la pena, por el momento, más allá de que apelarán al tribunal de Casación. El reclamo es por las formas y la desinformación.
Diego Aljanati murió el 28 de marzo de 2015 arrollado por un patrullero de la Policía bonaerense cuando, según declaraciones de los testigos del hecho, en la matiné ‘Enjoy’ se había producido una pelea en la que intervinieron los custodios del boliche en el complejo del Club Leloir. Si bien no se pudo establecer que el muchacho haya participado en la reyerta, lo cierto es que salió corriendo del lugar y quedó en el medio del operativo policial.
En ese momento fue embestido por una camioneta policial conducida por la oficial Graciela Noemí Basualdo, que le pasó literalmente por encima y lo mató en el acto. Cristian, el papá del chico, presenció todo porque había ido a buscar a su hijo. Basualdo estuvo imputada desde un primer momento por homicidio culposo, y bajo esa carátula fue condenada a tres años de prisión en suspenso y otros siete de inhabilitación para manejar.
Ahora la mamá y el papá de la víctima fatal esperan la versión oficial de cómo se resolvió el caso en voz de la propia fiscal, que los recibirá el próximo lunes. Es que, naturalmente, queda flotando en el aire la pregunta sobre cómo es posible que un particular damnificado se entere a través de un frío papel de una resolución de un caso en que se fue la vida de una persona. Si bien eso no es ilegal, ¿cuán legítimo es resolver las cosas de esta forma?
