Como anticipó Primer Plano On Line en el mismo momento en que estalló la noticia sobre la destitución de la tesorera del Consejo Escolar de Ituzaingó, Nancy Núñez, la situación lejos de finalizar con el trámite administrativo amenaza en convertirse en un escándalo político de proporciones.
Ahora, quien tomó la iniciativa y salió a expresarse públicamente sobre el tema fue el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Carlos Acuña, referente de la consejera expulsada del organismo. Y, lejos de pacificar las aguas, echó más leña al fuego cruzado, aunque en realidad fueron dardos lanzados hacia adentro de la estructura massista en el distrito.
“No escuché los argumentos de los que se abstuvieron”, dijo en relación a los votos de Alejandro Segura y Claudio Do Campo, presidente y secretario del Consejo Escolar de Ituzaingó, que no votaron ni a favor ni en contra de la destitución de su par de bloque, hecho que llamó poderosamente la atención. Al respecto, la reflexión de Acuña fue contundente: “Lamentablemente, tenemos parte del descalcismo infiltrado en el Frente Renovador”, acusó el concejal en conversación con Adrián Noriega en el programa periodístico Primer Plano.
Apuntada desde febrero por el escándalo del inconsulto llamado a licitación para contratar un nuevo proveedor del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en el distrito, la tesorera fue expulsada del cuerpo la semana pasada al cabo de una votación que terminó con tres manos favorables (las tres consejeras del Frente para la Victoria) y las dos abstenciones mencionadas.
“Si hay un contrato de más de 40 millones de pesos por año, que es el Servicio Alimentario Escolar, y se está discutiendo en el living de la casa de la dueña de la empresa proveedora, seguramente no es lo más transparente que tiene que ser. Acá un hubo ningún perjuicio para los vecinos y para las cuentas públicas”, defendió Acuña el rol de la ex tesorera. Y agregó, con tono acusatorio: “La consejera escolar destituida sigue viajando con su tarjeta SUBE, no es el mismo caso de todos”.
Entre los argumentos para la destitución, además de incumplimientos de varios artículos de la ley, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, le adjudican la compra de menaje por más de 200 mil pesos a una empresa que no es proveedora del Estado y, según la inscripción de AFIP, no puede vender menaje sino comida, y es la misma firma a la que pretendió entregarle el SAE a fines del mes pasado.
