La justicia de Garantías de Morón dictó hoy la prisión preventiva para cinco profesionales acusados de liderar una compleja organización dedicada a estafar a una empresa de seguros mediante la simulación de siniestros viales y el uso de documentación apócrifa.
La medida alcanza a Matías Rodrigo Giovanelli, sindicado como líder de la estructura que en redes sociales se denominaba ‘Tu Abogado Responde’; los también letrados Reynaldo Antonio Falcone (quien tiene arresto domiciliario por su edad, 82 años), Juan Carlos Cavallo y su esposa Susana Alejandra Beatriz Lucas, quien será excarcelada en los próximos días para la realización de un tratamiento oncológico; y la médica clínica Ariana Frank, quien en la misma resolución recibió la morigeración y permenecerá detenida en su casa con monitoreo.
De este modo, todas las personas imputadas en el expediente permanecerán detenidas mientras avanza el proceso judicial en su contra. Así lo decidió el juez Ricardo Fraga, quien subroga el Juzgado de Garantías Nº 2 de Morón, tras el planteo realizado por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI Nº 5 de ese Departamento Judicial.
La imputación a cada uno de los integrantes de la banda de caranchos
Las acusaciones puntuales son las siguientes:
-Juan Carlos Cavallo: uso de documento privado falso reiterado -cuatro hechos-, y estafas reiteradas -cuatro hechos, uno de ellos en grado de tentativa;
-Reynaldo Antonio Falcone: uso de documento privado falso y estafas reiteradas em dos hechos, todos ellos concursando realmente entre sí;
-Susana Alejandra Beatriz Lucas: uso de documento privado falso y estafa en grado de tentativa, ambos en concurso real entre sí;
-Matías Rodrigo Giovanelli: estafas reiteradas en grado de tentativa -cinco hechos-, todos ellos concursando entre sí;
-Ariana Frank: estafas reiteradas en grado de tentativa -cuatro hechos-, todos en concurso real entre sí.
La investigación reveló que los imputados habrían participado en, al menos, once maniobras defraudatorias contra Federación Patronal Seguros utilizando poderes notariales falsificados, certificados médicos emitidos con diagnósticos inventados y presupuestos adulterados de talleres mecánicos. En algunos casos, incluso, lograron cobrar importantes sumas de dinero en concepto de honorarios e indemnizaciones antes de que la aseguradora detectara el fraude.
Ampliación de la denuncia
Ahora, la empresa denunciante amplió su presentación: sumó otras 16 estafas detectadas en una auditoría interna. Eso es el capítulo que ahora se desarrolla en el marco de un proceso que tiene como única prófuga, con orden de captura nacional e internacional, a Carla Micaela Palmisano, titular de la cuenta de Mercado Pago desde donde recibían transferencias los falsos denunciantes de siniestros viales, es decir, un engranaje clave en la estructura.
Bajo el alias de ‘Noelia’ es considerada para la justicia como coautora de los delitos investigados. Tras varios allanamientos no pudieron aún ubicarla y tampoco dio algún indicio de pretender ponerse a derecho.
Según se desprende del fallo judicial, los imputados habrían creado un esquema en el que personas reales presentaban siniestros falsos con el patrocinio de los abogados involucrados, quienes a su vez utilizaban documentos emitidos por escribanías que luego desmintieron su autenticidad. En otros casos, recurrieron a terceros dispuestos a simular lesiones o daños materiales a cambio de un porcentaje del cobro.
La justicia rechaza la excarcelación de los imputados porque la investigación sigue su curso y “existe un serio riesgo de entorpecimiento” de las medidas que se llevan a cabo, como la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas. De hecho, el único que hasta el momento recuperó la libertad es el abogado Gastón Tardini, que está nombrado en un sólo hecho y la pena posible le permite continuar el proceso en esa condición.
El juez Fraga también valoró, en coincidencia con el planteo de la Fiscalía, la complejidad del entramado que se intenta desenredar, la multiplicidad de hechos y el número de personas involucradas, lo cual refuerza la sospecha de una asociación ilícita. En ese caso, las posibles condenas se incrementan notablemente. Federación Patronal, asimismo, fue aceptada como particular damnificada y colabora activamente aportando documentación de respaldo.
