El bloque de concejales de Unidad Ciudadana en Morón manifestó su “profunda preocupación y repudio” frente a la violación de la prisión domiciliaria por parte del represor Carlos del Señor Hidalgo Garzón, quien cumple arresto domiciliario en su casa de Castelar. Los ediles presentaron un proyecto de ordenanza para declararlo persona no grata en el distrito.
Se trata del ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Desde Abuelas de Plaza de Mayo habían denunciado que, a mediados de enero, Garzón salió al menos dos veces de su vivienda sin autorización y que además admitió, en una denuncia policial, tener armas en su poder.
Por ese motivo, el organismo de Derechos Humanos solicitó al Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín el fin de ese beneficio, y reclamó a los jueces que ordenen la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa.
Es por eso que los ediles de Unidad Ciudadana redactaron la iniciativa con la finalidad de declararlo “persona no grata” en Morón. “Pedimos que el Municipio arbitre todos los mecanismos legales a su alcance para evitar la presencia de genocidas en el distrito. Resulta un riesgo y expone a nuestros vecinos y vecinas a vivir junto a quienes cometieron los más oscuros crímenes de nuestra historia reciente. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de la última dictadura cívico militar en nuestro país”, indicó Hernán Sabbatella a través de un comunicado.
Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”. Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha.
A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado.
Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.
