“¡Basta de delitos excarcelables!”, gritaba un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en las puertas de la DDI de La Matanza, donde acompañado por familiares de efectivos caídos en el ejercicio de sus funciones decidió poner la cara y hacer oír un reclamo que excede a su persona.
En verdad, la expresión de ese oficial iba un poco más allá. Sandro Amaya, capitán en actividad del cuerpo isla de Zárate, le dijo a Primer Plano On Line que “nos están matando como perros y las autoridades ni la justicia hacen algo para evitarlo”. El grito trascendió la tarde gris del distrito más grande del país, y se hizo escuchar, aunque por lo bajo, en varias de las comisarías del territorio provincial, donde los policías sienten que están a la buena de Dios.
O peor: de los delincuentes de turno, como ocurrió en la seccional de San Justo, copada a los tiros por una banda criminal en un ataque en el que resultó herida de gravedad la sargento Rocía Villarreal (25). “Queremos que la gobernadora nos reciba y nos escuche, y que la sociedad entienda que un policía es una persona con familia, con sentimientos, con valores”, agregó el capitán Amaya.
Durante un breve acto, que contó con la asistencia de alrededor de 200 personas, exigieron condiciones dignas de trabajo y un sueldo acorde a sus funciones y necesidades para alimentar a sus hijos. Es más: insisten con la sindicalización, pese a que la Corte Suprema de Justicia ya dijo que la fuerza de seguridad no podía estar bajo el parámetro de un sindicato en un fallo del 11 de abril de 2017.
En aquel entonces, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz más el voto disidente de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal sostuvo que el personal de las fuerzas de la Policía no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse. Después de examinar el debate constituyente de la Convención de 1957, los convenios de la OIT ratificados por la Argentina y el tratamiento constitucional y legislativo posterior que nuestro país dio al problema de la sindicalización de la policía, el Tribunal concluyó que el artículo 14 bis de la Constitución no concede dicho derecho al personal policial.
La Corte también examinó los tratados internacionales de jerarquía constitucional y sostuvo que, si bien dichos tratados reconocen en principio ese derecho a las fuerzas policiales, también permiten que la legislación interna de cada país restrinja o incluso prohíba el ejercicio de derechos sindicales. En el caso, la Corte señaló que la Provincia de Buenos Aires prohibió de modo expreso mediante una ley y su decreto reglamentario la sindicalización de la policía y que dicha prohibición es, a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, constitucionalmente válida.
