Relanzan la delegación Morón de la Defensoría del Pueblo bonaerense con absoluto control del sabbatelismo y el regreso de una exfuncionaria del Municipio echada de su cargo por el intendente Lucas Ghi: Ana Cintia Ottonello, quien supo desempeñarse por varios años como subsecretaria de Seguridad en la comuna.
El organismo seguirá bajo la conducción del abogado Germán Navas, quien desde hace años se hizo cargo de la estructura. Ahora se le suma Ottonello como secretaria adjunta. Son dos dirigentes del riñón de Martín Sabbatella, exjefe comunal y titular del partido Nuevo Encuentro, quien mantiene un enfrentamiento abierto desde hace tiempo con Ghi.
La confirmación de la dupla que conduce la Defensoría llega de la mano de la decisión de ampliar la inserción territorial de esa dependencia: por estas horas están buscando un lugar para mudar sus oficinas y poder, de esa manera, contar con autonomía absoluta del Gobierno municipal.
Actualmente funciona en Almirante Brown al 1400, esquina Colón, en un apéndice del edificio de la Oficina Anticorrupción del Municipio. “Entendemos que es una manera de mantener la distancia con el Ejecutivo local, porque seguramente las tensiones crecerán”, interpretaron desde el sabbatelismo.
La misión de la Defensoría del Pueblo
La designación de Ottonello fue firmada el 1 de enero de 2026 por el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. La flamante funcionaria ya tomó posesión del cargo y activó reclamos vecinales de diversa índole que llegaron a su despacho.
Es que, entre las principales acciones que realiza la Defensoría, está la de recibir peticiones de cualquier persona, sin importar condición social o económica; informar y asesorar; investigar, opinar, criticar y solicitar informes, en caso de que sea necesario, sobre el estado de situación expresado por peticionantes, ya sea contra empresas o contra el Estado local.
Al organismo pueden recurrir quienes sientan que recibieron un trato ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente por parte de agentes del Estado; ante la falta de respuesta a los reclamos realizados; por mala prestación de un servicio público o por mala atención o trato en alguna dependencia estatal; o cuando haya dudas sobre cómo ejercer los derechos inherentes a cada persona.
