Una mujer que aprovechó la compleja enfermedad que tiene su hija y, en el marco del tratamiento de la menor de edad, hacerse pasar por una médica de un sanatorio de Recoleta falsificando su firma y sello para adquirir medicamentos de alto valor y otros productos, está siendo investigada por la justicia.
La acusada es mamá de una adolescente que sufre una patología muy compleja, que presentaba esas recetas falsas ante una ONG que le donaba el dinero para su compra a cambio de las recetas y posterior factura. Fuentes de la justicia porteña informaron a Primer Plano Online que la causa se inició a raíz de la denuncia de una médica dermatóloga que fue advertida sobre la circulación de recetas con su supuesto sello y firma, que prescribían medicación muy costosa con drogas generalmente usadas en pacientes adultos psiquiátricos, y poco compatibles con su especialidad.
En medio del allanamiento que se hizo en la casa de la familia en Ramos Mejía, los efectivos encontraron varias armas de fuego a nombre de la pareja de la imputada, que terminó aprehendido por tener la documentación vencida desde el 2008.
La doctora, que trabaja en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), atendía a una menor de edad con el Síndrome de Klippel-Trenaunay, una enfermedad congénita en la que los vasos sanguíneos o linfáticos no se forman adecuadamente, y después de un tiempo la familia decidió continuar con el tratamiento en el Hospital Garrahan.
Fue allí donde el médico que recibió a la menor notó que los medicamentos que la madre de la paciente solicitaba no eran los aconsejables para el tratamiento médico de su hija. Por tal razón, contactó a su colega del IADT y cuando le explicó la situación del cambio de remedios, la facultativa le confió que ella no había firmado esas recetas para los remedios que pedía la madre de la paciente.
En ese momento, la médica realizó la denuncia y explicó que la firma y el sello no correspondían a ella, ni tampoco el papel de recetas del IADT, ya que faltaban sus característicos logos. En consecuencia, el magistrado actuante le solicitó a la división policial encabezar una investigación para establecer el domicilio de la familia de la paciente y comprobar la estafa a la doctora con registros de recetas presentadas en distintas farmacias.
Los oficiales, con sus tareas, localizaron a la familia en una vivienda de la calle José Martí al 2300, en Ramos Mejía, y también verificaron que existían tickets y recetas que no correspondían al tratamiento de la menor y con la firma de la médica en cuestión en farmacias de La Matanza y Mar del Plata.
Con estas pruebas, se establecieron los horarios en los que la imputada podría estar en su domicilio y se le pidió al Juzgado que dicte la orden de allanamiento a los fines de buscar remedios adquiridos, las recetas de IADT, los sellos de la denunciante y elementos que podrían ser de interés para la continuidad de la investigación.
En el inmueble de Ramos Mejía, los efectivos hallaron seis sellos de distintos médicos, gran cantidad de recetas con esos sellos de medicación que no correspondía a la que necesita la menor para su tratamiento, más de 100 talonarios de recetas en blanco, algunos retirados recientemente de la imprenta, tabletas de medicamentos, dispositivos electrónicos como una notebook, teléfonos celulares, tablets y una impresora térmica portátil (utilizada para la impresión de tickets), y documentación.
Además, se encontraron tres pistolas (Bersa calibre 22mm, Bersa calibre 40mm, y una Smith & Wesson calibre 9mm), un revólver calibre 32mm, una escopeta semiautomática calibre 12/70, municiones de diferentes calibres correspondientes a las armas detalladas y una carabina de gas comprimido.
Sobre la imputada fue notificada en la causa de estafa y se incautaron los elementos hallados. Participaron también del procedimiento personal de la Comisaría octava de Don Bosco, médicos del SAME, representantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad y del Gabinete Médico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), a cargo de la doctora Carla Rodino, quien revisó y evaluó a la menor de edad.
