“Cayeron entre 500 y 600 efectivos a las 4 de la mañana, cuando había sólo un pequeño grupo de trabajadores. Lo que hicieron fue rodear el todo el predio y ahora estamos de la vereda de enfrente preparados para resistir lo que se viene”. Jorge Gutiérrez, presidente de la Cooperativa Acoplados del Oeste, definió de esa forma el momento que atraviesan los trabajadores cuando, desde esta mañana, se encontraron con Policía, Infantería y Caballería rodeando y desalojando la planta que ellos venían administrando desde mediados de 2015, luego de una larga crisis que atravesó la empresa denominada originalmente Pedro Petinari e Hijo S.A.
“La empresa hizo todo este movimiento para no llegar a la quiebra, pero como el juicio lo tiene prácticamente perdido, ahora lo que hace es entrar por la fuerza, van a empezar a decir que faltan cosas y aparecerán denuncias penales contra los compañeros vayamos detenidos o cosas así”, señaló el cooperativista. “No les queda otra que embarrar la cancha porque la quiebra se la van a declarar el 16 de marzo, siguen con la impunidad de siempre”, aseguró a Primer Plano On Line.
HISTORIA DE UNA LUCHA
La gobernadora María Eugenia Vidal vetó la ley de expropiación de la fábrica Acoplados Petinari, la metalúrgica con sede en Merlo, que en febrero de 2015 dejó de pagar los sueldos y en julio de ese año se convirtió en una cooperativa. “Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes”, explicó Luis Coronado, abogado que patrocinó a los trabajadores que se constituyeron en Acoplados del Oeste (ADO).
El proyecto para recuperar la planta había contado con el apoyo de las dos cámaras de la provincia, incluido el bloque PRO, pero luego llegó el veto impulsado por los Ministerios de Economía y Trabajo. En el primero de los casos por representar “un nuevo gasto en la ley de presupuesto vigente”; en el segundo, con el argumento de que “se encuentra latente entre la empresa propietaria de los inmuebles y los trabajadores, habiéndose observado a lo largo de las audiencias desarrolladas la voluntad de abonar lo adeudado y encontrar formas alternativas de resolución”.
La fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados, carrocerías volcadoras, semirremolques, bateas, contenedores y repuestos en general. El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando en la planta ya se había reducido a 188 empleados: tres años atrás funcionaba con 374. El 7 de julio se constituyó como cooperativa y en agosto del mismo año inició el proyecto de expropiación, aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el poder Ejecutivo a través del decreto 307/2016.
