Un profesor de música que estuvo 15 meses preso acusado de haber abusado sexualmente de cuatro nenas que tenía a su cargo en un jardín de infantes fue absuelto por la justicia, que comprobó que la instrucción del caso estuvo viciada de nulidad, con entrevistas hechas por profesionales que indujeron las respuestas de las supuestas víctimas mediante “tortuosos y desatinados interrogatorios” y sin pruebas concretas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
El fallo judicial dejó libre de culpa y cargo a Darío Hernán Castelo, a quien la jueza Débora Jorgelina Ramírez, del Tribunal en lo Criminal Nº 6 de San Isidro absolvió de la acusación por abuso sexual reiterado en cuatro hechos, agravado por resultar encargado de la educación o guarda de las supuestas víctimas, en situaciones denunciadas como ocurridas en el interior del jardín San José del Instituto Don Orione en la ciudad de Victoria, partido de San Fernando.
Pero lo más impactante del fallo al que tuvo acceso Primer Plano Online es que la magistrada interviniente exhortó a la Fiscalía General Departamental “a adoptar las medidas necesarias para extremar la evaluación de la fiabilidad de la prueba” a la hora de abordar casos de Abuso Sexual Infantil (ASI), porque evitar “la victimización de los niños a quienes se teme en riesgo es tan imperioso como no procurar urgidas medidas de imposible reparación ulterior”, como es la situación procesal del imputado, quien sufrió escraches y su vida quedó arruinada por un delito que no cometió.
Es que, a lo largo de la investigación, la magistrada concluyó que hubo un proceso viciado de nulidad, con “contaminación probatoria corroborada” en la instrucción, es decir, evidencias que fueron interpretadas como certeras que nada tenían que ver con lo sucedido. En el medio, fue “escrachado públicamente y tratado de abusador, violador y pederasta”, resumió su abogado, Sebastián Chouela, en conversación con Primer Plano Online.
“Darío Castelo fue detenido arbitrariamente en agosto de 2021 cuando no existían ínfimos indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación penal, y estuvo privado de su libertad por 15 meses, primero en una comisaría y luego en la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear, alejado de su familia y amigos y siendo inocente”, agregó el letrado. “Me pregunto, ¿quién va a resarcirlo por la estigmatización y por todo el daño moral, espiritual y económico que le han causado de modo irremediable a su persona, familia, hijos y entorno?”, agregó.
A lo largo de la investigación hubo múltiples contradicciones, declaraciones inducidas, mutaciones en relatos y argumentos usados por la Fiscalía para volcar el curso hacia constatar la hipótesis de los abusos. Por caso, el testimonio de una de las supuestas víctimas (todas de apenas cuatro años de edad), que contó en una entrevista que estuvo sola con el profesor Castelo “en una habitación”, pero cuando fue repreguntada refirió “Darío (el acusado) y mis compañeros subieron después”.
Además, toda la evidencia recopilada dio cuenta de que nunca nenas y nenes estuvieron a solas con el docente de música y siempre la maestra y eventualmente la preceptora acompañaba cada movimiento de la sala. “Desde hace más de diez años defiendo docentes. En mi perspectiva, el 90 por ciento de las denuncias por abuso sexual en establecimientos educativos son falsas o erróneas. No así en temas de abuso intrafamiliar, en donde las estadísticas establecen que el 85 por ciento son verdaderas”, completó Chouela.
En su fallo absolutorio la jueza Ramírez concluyó su mensaje al Ministerio Público: “la sugestión de los adultos referentes frente a temas tan sensibles y los interrogatorios sostenidos a los menores por fuera de los protocolos establecidos para tal fin son particularidades determinantes cuya desatención podría colocar en riesgo la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes por los que todos debemos velar”.
