Abogados graduados de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y de la Facultad de Derecho de Morón comenzarán a brindar asesoramiento gratuito y representación jurídica a jubilados y pensionados en el marco de la Ley de Reparación Histórica.
Los acuerdos fueron firmados por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Congreso de Mendoza, Alberto Rez Masud; el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Eduardo Martínez; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, Walter Oscar Fernández; y el Subsecretario de Trabajo de la provincia de Corrientes, Jorge Rivolta.
“Es una obligación y una responsabilidad colaborar con los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales”, señaló Martínez tras argumentar el rol de la UNLaM como institución universitaria: “Nuestro deber no está solamente en la vida académica sino también en la responsabilidad social”.
Durante la firma, Basavilbaso destacó: “Queremos darle soluciones a los jubilados a los que les cuesta conseguir un abogado para que los represente. Agradecemos la buena disposición de las universidades, porque de esta manera les garantizamos que no habrá abogados que se aprovechen y les cobren por este trámite, que es gratuito, a los jubilados”. Luego agregó: “Por un lado se trata de hacer un trabajo para ayudar a los adultos mayores y al mismo tiempo esto puede ser un buen trabajo para aquellos abogados que están iniciando su carrera. Empezar con la Reparación Histórica es una gran experiencia para ellos”.
Para facilitar el proceso de selección, la Universidad de La Matanza acordó desarrollar un enlace que remitirá a una base en línea de los profesionales que se adhieran voluntariamente a otorgar asistencia profesional y representación letrada a los jubilados.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los adultos mayores, que se encuentran en proceso judicial contra la ANSeS, a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo.