Un efectivo policial en actividad y otro que fue desafectado de la Bonaerense hace un tiempo fueron detenidos en las últimas horas en Mercedes con una orden de allanamiento que luego se comprobó era trucha, y que tenía el membrete de la Gendarmería Nacional. Fuentes policiales y judiciales consultadas por Primer Plano Online confirmaron que, en su poder, ambos sujetos tenían armas y precintos. La sospecha de los investigadores es que planeaban realizar una entradera.
«Se comunicaron con un vecino para avisarle que lo tenían que notificar de una causa y lo citaron en una dirección. Luego aparecieron repentinamente en la casa y le pidieron entrar a su vivienda para la realización de un allanamiento. Como el hombre no tiene ninguna causa se negó a dejarlos entrar y llamó al 911. Cuando llegó la Policía intentaron irse, pero fueron aprehendidos», detalló un vocero judicial.
Otro dato ilustrativo de lo que sucedió es que ambos estaban a bordo de una camioneta Renault Duster que estaba «impecable en su carrocería», pero que tenía un detalle visible: ambas patentes, la delantera y la trasera, estaban tapadas con barro. Al volante estaba el oficial del Comando de Patrullas de Merlo Juan Fernando Samuel Gervasoni (29), y en el asiento del acompañante estaba Ramiro Juan Manuel Villalba (43), exonerado de la fuerza.
Gervasoni, policía en actividad, portaba su arma reglamentaria, que tenía una munición en la recamara y el cargador completo. Villalba, por su parte, también estaba contaba con un revólver, con un proyectil listo para ser disparado y dos cargadores completos. El tema es que en el rodado los investigadores hallaron una orden de allanamiento con logo e inscripción de la Gendarmería Nacional y precintos, con lo cual en un primer momento fueron llevados al Destacamento de Gowland, en el mencionado distrito.
Este mediodía, funcionarios de la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del caso, indagará a los sospechosos para resolver su situación procesal. En principio les imputan a Gervasoni el delito de extorsión en grado de tentativa agravada por el uso de arma de fuego, con uso de documento público falsificado calificado por ser ejecutado por un funcionario público, mientras que Villalba enfrenta los mismos cargos sin el agravante de funcionario público, que ya no es, pero también por portación ilegal de arma de guerra. El primero, hasta tanto se resuelva su situación, fue desafectado del servicio.
