Son dos manzanas, sin calles internas y únicamente con pasillos centrales que permiten ingresar al corazón y atravesarlo de punta a punta. Da contra el arroyo Morón y la Ruta 8, en su intersección con Camino del Buen Ayre, geográficamente en el distrito de Tres de Febrero. La vulnerabilidad económica de quienes viven allí es una característica común, que atraviesa a cada familia.
Puerta 8 es el barrio que ayer tuvo un nivel de exposición inédito a raíz del escándalo desatado por las muertes vinculadas a la causa del consumo de cocaína envenenada. Una coincidencia puso al lugar en el centro de la agenda informativa: los intoxicados habían comprado la droga allí.
Entre los recovecos de las precarias viviendas, cantidad de uniformes azules inundaron sus metros. Policías caminando entre piletas pelopinchos armadas en lo que serían veredas y sillas de oficina al aire libre, perros callejeros y un piberío que no entendía de la razón de ese extraño movimiento.
Hay una coincidencia entre vecinos y vecinas: el temor por hablar. Saben que las cámaras se van a retirar en pocas horas y quienes viven allí quedarán en desamparo si dicen algo inoportuno. “Acá hay gente que viene de la Villa 18, de San Martín, y se instala en los pasillos para vender la droga. Y si alguien dice algo no tienen problemas en disparar”, señalan por lo bajo.
Los dealers o vendedores de cocaína y marihuana cuentan también con precarios bunkers que alquilan para acopiar las sustancias y no tener que andar transportándola. Las precarias instalaciones, la humedad, el calor y el encierro arman un combo explosivo de olor nauseabundo que sale de varias de las construcciones erigidas allí.
Este mediodía, un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense se presentó en el lugar y pidió hablar con hombres y mujeres que habitan Puerta 8. Aseguró que iban a ser entrevistas personalizadas y absolutamente privadas y anónimas, y que todo lo que pudieran decirle serviría para la investigación en curso, que intenta determinar el origen de la cocaína envenenada que ya se cobró 23 vidas.
Durante la tarde, los uniformes azules cambiaron. Eran médicos del sistema sanitario local y provincial, que recorrieron las viviendas para saber si existía alguna persona con sintomatología compatible al consumo de la sustancia nociva. Con mucha desconfianza muchas de las puertas de las casas no se abrieron y apenas se respondía a través de la puerta.
A esos pasillos no entran las ambulancias ni los bomberos. Intentan, sus habitantes, acceder a la Red Nacional de Barrios Populares para poder acceder a planes de obra pública que les permitan urbanizarse y contar, por caso, con nomenclatura catastral de los domicilios y también calles internas. Ni hablar de los servicios básicos, para dejar de ser un asentamiento.
