La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto por el cual todos los colectivos que recorren el territorio bonaerense deberán instalar cámaras de seguridad en cada una de sus unidades. La iniciativa establece como obligatorio que los colectivos “deberán contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación”.
Sin embargo, hay un aspecto de la norma que provoca una fuerte resistencia en el sector transportista. Es la que exige que sean las empresas de transporte las encargadas de dar cumplimiento a la instalación de dicho equipamiento. Para tal fin, dispondrán de 180 días para acondicionar sus unidades.
En diálogo con Primer Plano On Line, José Troilo, presidente de la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), entidad que nuclea a más de 60 empresas de Transporte del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), rechazó que las compañías puedan estar en condiciones de realizar esa inversión, que varía entre los 900 y 2500 dólares por unidad instalada, y le pidió a la gobernadora Vidal que vete esa parte de la ley.
-¿Cuál es la posición de ACTA sobre la ley de cámaras de seguridad en los colectivos?
-El concepto de mejorar la seguridad es interesante, que las cámaras pueden apoyarlo aunque no creemos que sea el mejor sistema en función de la historia y de lo que fue sucediendo. El mejor control es el control en la calle de parte de funcionarios policiales sobre los coches que pasan con pasajeros. De esa forma, los delincuentes saben que son controlados y evitan circular en ellos. El tema de las cámaras es una ayuda, pero son violables y además son resultados para ver lo que pasó, posterior, para perseguir luego los actos de vandalismo o delincuencia que puedan suceder. Mejora un poco la situación, puede inhibir a alguno de los delincuentes en hacer algún hecho pero creemos que no lo mejora. No nos oponemos en ese sentido. Donde sí nosotros cuestionamos la norma es en la exigibilidad de que el costo de esta implementación sea a cargo de las empresas cuando estamos en un momento de crisis, de dificultad. Conocido es que el sistema está sostenido con compensaciones tarifarias, es decir, el pasajero solamente paga una parte del costo de lo que significa poder transportarlo, alrededor del 35 por ciento del costo real, y el resto lo está compensando el Gobierno nacional. La obligación de las cámaras no está contemplada dentro de lo que reconoce el Gobierno nacional; de hecho, en una situación similar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también dispuso la instalación de cámaras en todos los vehículos que ingresan en la ciudad pero es a costo de la Ciudad Autónoma, a diferencia de lo que pasa en provincia, que obligan a las empresas a poner la inversión. Encima, las empresas provinciales tienen un mayor costo de operación, un mayor riesgo, y un montón de cuestiones que hacen que esa operación sea muy dificultosa. Estamos solicitando a las autoridades provinciales que revean esta medida. Si tenemos la compensación debida no hay problema, pero el tema está realmente muy dificultoso. Como en todos los rubros, algunas empresas podrán pero otras no van a poder porque están llegando a gatas a fin de mes a soportar los costos y cargas salariales, que son la prioridad.
-¿Hay una posición unificada del sector para pedir un veto a la gobernadora?
-Si, por supuesto. Hay acuerdo de todas las cámaras que contienen a las empresas que circulan por la provincia de Buenos Aires, y estamos elaborando el pedido del veto hacia la gobernadora.
-¿Tienen claro cuál sería la inversión que deberían realizar?
-Falta todavía la reglamentación de la norma, donde hay detalles de la exigibilidad que pueda tener este sistema. No sabemos si se requiere una grabación on line o simplemente una grabación, y allí hay una variación de precios muy importante: podemos ir desde los 800 dólares hasta los 2500 dólares por cada cámara a instalar.
