El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su “preocupación” por la explosión y el posterior incendio ocurridos el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, hecho que se produjo tras la rotura de una cañería de distribución de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red.
El siniestro provocó la muerte de una persona -todavía no identificada- y dejó varios heridos, además de importantes daños en viviendas y comercios de la zona. Pero lo más inquietante: la incertidumbre de saber que estas cosas pueden pasar en cualquier momento por la falta de controles efectivos sobre las obras de infraestructura que se ejecutan en la vía pública.
La responsabilidad de las empresas
Uno de los principales cuestionamientos del CIPBA apunta a la presunta ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires que asumiera la responsabilidad técnica de los trabajos.
Tras la explosión en Lanús, el Colegio de Ingenieros bonaerense cuestionó la falta de controles sobre las obras https://t.co/cnlQ4kuBKb https://t.co/LjJaATbGGD
— Primer Plano (@primerplanotv) November 15, 2026
En ese sentido, la entidad cuestionó el procedimiento de Metrogas al señalar que la empresa prestataria “se limita a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por el Colegio”.
Ese instrumento permite verificar que el profesional cuente con las incumbencias necesarias, tenga su matrícula habilitada y haya asumido efectivamente la responsabilidad técnica de la obra.
El comunicado también apunta contra Exgadet la firma tercerizada contratada por Metrogas, que había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025 a regularizar su situación.
En su respuesta, la firma habría manifestado que registró la tarea ante otra entidad, lo que evidencia que no había un ingeniero matriculado en la provincia actuando en esa intervención.
Críticas a los controles del Estado
A su vez, el Colegio cuestionó la Ordenanza 1287 de la Municipalidad de Lanús, que regula este tipo de trabajos y que, según sostiene, exige la matriculación, pero no la presentación de los contratos profesionales correspondientes.
El reclamo del CIPBA no se limita a las empresas involucradas ni a las autoridades municipales. La institución también extendió sus críticas al ámbito provincial, particularmente al Tribunal de Cuentas bonaerense.
Según planteó, ese organismo debería verificar que los Municipios exijan el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y los aportes previsionales correspondientes en las obras y permisos que autorizan o contratan.
En particular, mencionó la Ley Provincial 10.416, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, y la Ley 12.490, vinculada al régimen previsional de los profesionales de la ingeniería. Para el Colegio, la falta de controles sobre estas obligaciones puede derivar tanto en perjuicios económicos para el Estado como en un debilitamiento del sistema previsional profesional.
En el plano nacional, la entidad reclamó la aprobación de la norma NAG-225, denominada Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019. Siete años después, la norma continúa sin implementarse.
Seguridad pública más allá de las tarifas
Para el Colegio de Ingenieros, las obras sobre redes de servicios públicos, especialmente las vinculadas con gas y energía eléctrica, requieren una intervención profesional acorde con los riesgos que implican.
Por eso, sostiene que deben contar con un ingeniero matriculado que asuma la representación técnica, con el contrato correspondiente visado ante el CIPBA y los aportes ingresados a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (CAAITBA).
La entidad remarcó que estos requisitos no representan simples formalidades administrativas, sino garantías para identificar a un responsable técnico, verificar sus competencias y asegurar que los trabajos contemplen las medidas de prevención, los protocolos de seguridad y la identificación de posibles interferencias con otras instalaciones.
Finalmente, el CIPBA recordó que viene realizando advertencias sobre situaciones similares ante organismos reguladores como OCEBA y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas, sin obtener, según afirmó, respuestas acordes con la gravedad de los planteos.
El comunicado concluye con un cuestionamiento directo a las prioridades de las empresas y del Estado: mientras las tarifas de los servicios públicos registran aumentos, la entidad considera que no existe una respuesta equivalente en materia de calidad, regulación y seguridad.
