Tanto el Gobierno nacional como el bonaerense apelaron la resolución adoptada por el juez federal de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, para que la Dirección Nacional de Vialidad refuerce las medidas de cierre, señalización y prevención en los sectores no habilitados de la Autopista Presidente Perón.
Sin embargo, pese a que ahora la cuestión de fondo deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones de San Martín, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, es decir, no suspende la ejecución de la medida. En consecuencia, ambas jurisdicciones no quedan liberadas de cumplir con las obligaciones de mantenimiento de la traza.
El objetivo de la decisión es impedir el ingreso de vehículos y peatones a zonas que todavía no están en condiciones de ser utilizadas. Además, dispuso que el organismo revise y corrija deficiencias puntuales en los sistemas de contención de los tramos abiertos al tránsito.
La resolución del magistrado subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, fue en el marco de un amparo presentado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional.
Refuerzo de medidas de prevención
La demanda, impulsada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que se reactiven y completen los trabajos que quedaron pendientes de ejecución desde diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei y su decisión de ponerle punto final a la obra pública, y que se habiliten los sectores ya construidos que permanecen fuera de servicio y se garanticen las condiciones de mantenimiento y seguridad de toda la traza.
El efecto devolutivo dispuesto por el juez Tezanos Pinto implica que ambas jurisdicciones están conminadas a cumplir lo que dice el fallo inicial. Para que eso se haga debe ser justamente la parte actora (el Gobierno de Axel Kicillof) el que presente la intimación formal o denuncie su incumplimiento, cosa que hasta ahora, según pudo saber Primer Plano Online, no se realizó.
El mantenimiento que impone la justicia es a partir de un caso que publicó este medio en febrero pasado, cuando un nene cayó tras caer desde una altura de 15 metros y falleció en el acto. El juez entendió que existe un riesgo específico que justifica una intervención preventiva, que como es una ruta de jurisdicción nacional, le corresponde ejecutar a Vialidad.
También pidió reforzar los cierres, la señalización y las medidas destinadas a impedir el acceso vehicular o peatonal a los sectores que no se encuentren habilitados. La cautelar dictada tiene una finalidad esencialmente protectora: por eso, haber concedido las apelaciones con efectos suspensivos desnaturalizaría la tutela judicial y provocar que los derechos protegidos queden sin resguardo durante el tiempo que demande resolver los recursos.
La instalación de peajes, una alternativa para terminar lo que falta
Ante la consulta de Primer Plano Online, fuentes del Ministerio de Infraestructura revelaron cuál es la ecuación que tiene entre sus opciones la Provincia para conseguir los recursos que le permitan financiar la culminación de la obra.
“Si Nación no la transfiere no hay manera”, aclararon desde el entorno del ministro Katopodis. “Si la pasa, iría al sistema AUBASA y con lo que recauda se puede autofinanciar para finalizarla”, agregaron. En síntesis: la instalación de peajes es la única posibilidad que tiene hoy el Gobierno provincial para finalizar los 31 kilómetros que restan de la traza.
La cautelar, que sigue vigente pese a las apelaciones concedidas, tiene un plazo de 6 meses y que no obliga al Gobierno nacional a reanudar los trabajos, ni a completar la Autopista Presidente Perón ni dispone su traspaso a la administración bonaerense. Esas cuestiones forman parte del reclamo principal y continuarán en discusión dentro del expediente.
La nueva Autopista Presidente Perón ya cuenta con 52 km habilitados al tránsito de los 83 km totales organizados en 4 tramos que contempla la intervención, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde diciembre de 2023.
